El Consejo de Europa prepara un nuevo paso en su agenda ideológica: criminalizar el cuestionamiento de la identidad de género bajo el paraguas de la lucha contra las llamadas «prácticas de conversión».

La propuesta será votada el próximo 29 de enero en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) y plantea una prohibición a escala continental de cualquier conducta que no afirme la identidad de género auto-percibida, equiparándola a las terapias coercitivas que en el pasado buscaban «curar» la homosexualidad.

El texto, aprobado por unanimidad en diciembre por la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la PACE, amplía de forma sustancial el concepto de «conversión». Ya no se limita a prácticas físicas o psicológicas forzosas, sino que incluye el desacuerdo verbal, la orientación terapéutica prudente, las dudas parentales o el criterio profesional cuando estos no validen automáticamente la autoidentificación de género.

Según el borrador, los Estados miembros deberán prohibir cualquier intento de «cambiar, reprimir o suprimir» la orientación sexual, la identidad o la expresión de género, integrando estas prohibiciones en sus leyes antidiscriminación y dotándolas de sanciones penales, civiles y administrativas.

Esto implicaría, en la práctica, penalizar el uso de pronombres biológicos, restringir determinadas intervenciones terapéuticas y perseguir a profesionales de la salud mental, educadores o progenitores que no afirmen sin reservas la identidad trans de un menor.

La iniciativa también contempla campañas públicas obligatorias, cambios en los planes educativos, formación ideológica para profesionales y mecanismos de denuncia y supervisión transfronteriza.

El think tank austriaco Athena Forum, centrado en la defensa de los derechos basados en el sexo, ha advertido de una «expansión dramática y peligrosa» del concepto de conversión.

Su directora, Faika El-Nagashi, denuncia que el proyecto supone una injerencia ideológica sin precedentes: «Se pretende criminalizar a padres, profesores y terapeutas que no confirmen automáticamente que un niño es trans. Es un caballo de Troya del activismo trans que amenaza la libertad profesional, la evidencia médica y el derecho de los padres a educar».

Según Athena Forum, esta redefinición puede bloquear terapias exploratorias, empujar a menores hacia transiciones sociales o médicas irreversibles y silenciar cualquier enfoque prudente ante la disforia de género, especialmente en adolescentes homosexuales o con otros problemas psicológicos.

El texto prevé además apoyo institucional a quienes se consideren «víctimas» de estas prácticas, incluyendo asesoría legal, alojamiento de emergencia y redes de apoyo, así como sistemas de vigilancia, recopilación de datos y cooperación internacional para garantizar el cumplimiento del veto.

La propuesta cuenta con el respaldo de organizaciones activistas como Stonewall y se apoya en una iniciativa ciudadana firmada por más de un millón de europeos que reclama una prohibición total en toda la UE.

No obstante, diversas voces dentro y fuera del Consejo de Europa alertan de que equiparar la disidencia ideológica o el criterio clínico con prácticas coercitivas supone un grave retroceso en libertades fundamentales, especialmente en materia de expresión, educación y salud.