El sueño globalista empieza a resquebrajarse al darse de bruces con la realidad del aluvión migratorio, agravado por la «regularización» decidida por Pedro Sánchez en España y que alerta a Europa. Alemania mantendrá controles en todas sus fronteras terrestres hasta, al menos, septiembre de 2026. La decisión, notificada a Bruselas, se justifica por la presión migratoria y la actividad de las redes de tráfico de personas. El ministro del Interior ha sido explícito al anunciar la prórroga: se trata de «reorganizar la política migratoria» y reforzar la seguridad en los accesos al país.
No es un caso aislado. Francia, Austria, Dinamarca, Suecia, Italia, Países Bajos o Polonia han aplicado en los últimos meses controles internos dentro del espacio Schengen, en muchos casos prorrogados de forma continuada. El mapa de la libre circulación europea presenta hoy más excepciones que hace una década.
Los datos explican el giro. Alemania registró en el último año más de 350.000 solicitudes de asilo, una de las cifras más elevadas de la Unión, y detectó decenas de miles de entradas irregulares en sus fronteras terrestres, muchas procedentes de otros países Schengen. En Países Bajos, el Gobierno ha vinculado la reintroducción de controles al «alto nivel de solicitudes de asilo» y a la saturación del sistema de acogida. Francia, por su parte, apunta al incremento de redes criminales asociadas a la inmigración irregular.
El resultado es un funcionamiento distinto, por decirlo suave, del previsto en el diseño original de Schengen. El acuerdo, que eliminó las fronteras interiores en gran parte de la Unión, contemplaba la posibilidad de reintroducir controles de manera temporal en situaciones excepcionales. En la práctica, esas excepciones se han encadenado. Lo que se presenta como provisional se prolonga durante meses o años.
A ese escenario se añade el refuerzo de las fronteras exteriores. La Unión Europea ha activado el nuevo sistema de entradas y salidas (EES), que sustituye los sellos en pasaporte por un registro digital con datos biométricos. El objetivo es controlar mejor quién entra y quién sale del espacio Schengen, detectar estancias irregulares y limitar el fraude documental.
La implantación del sistema ya está teniendo efectos visibles. Varios aeropuertos europeos han advertido de retrasos y cuellos de botella en los controles, especialmente en periodos de alta afluencia. Las autoridades comunitarias sostienen que se trata de problemas iniciales en un proceso de transición, pero la medida refleja una tendencia más amplia: más control en los accesos exteriores y más vigilancia dentro del propio espacio.
Todo esto ocurre mientras los Estados disputan sobre la gestión de la inmigración. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024, introdujo mecanismos de coordinación, pero su aplicación sigue siendo desigual. Algunos países reclaman mayor control en las fronteras exteriores; otros insisten en el reparto de solicitantes de asilo; varios se reservan margen para adoptar medidas propias.
En ese marco, los controles internos se han convertido en una herramienta recurrente. Alemania los mantiene en varias fronteras desde 2023. Francia los ha prorrogado de forma continuada desde los atentados de 2015, incorporando después el factor migratorio. Austria los aplica en su frontera con Hungría y Eslovenia. Suecia y Dinamarca los han reintroducido en distintas fases en los últimos años.
Schengen sigue en pie, pero empieza a ser otra cosa. La libre circulación se mantiene como principio, pero su aplicación depende cada vez más de decisiones nacionales. La reintroducción de controles, prevista como excepción, se utiliza con mayor frecuencia.
