Una familia numerosa siria de Stuttgart ha costado al estado federado de Baden-Württemberg más de medio millón de euros en gastos de encarcelamiento y repatriación. Los datos han sido facilitados por el Ministerio de Justicia del estado federado a una investigación parlamentaria del partido Alternativa para Alemania (AfD).
Las autoridades investigaron a unos 20 familiares en relación con aproximadamente más de 150 delitos, según el ministerio. En octubre, 17 miembros de la familia abandonaron Alemania en lo que las autoridades describieron como una «salida controlada». Los gastos asociados a su salida —incluidos vuelos, subsidios y gastos de documentación— ascendieron a 45.228,57 euros.
El Ministerio afirmó que permitir que las personas permanecieran en Alemania habría supuesto costos significativamente mayores, y añadió que su salida se consideraba la «solución más económica» y la única manera de finalizar su estancia. Los familiares tenían estatus de refugiados o protección subsidiaria.
Se incurrieron en gastos mucho mayores debido a sentencias de prisión anteriores. Con un coste diario de encarcelamiento de 180 euros, el encarcelamiento de cinco familiares generó gastos de 478.228 euros, según cifras del ministerio.
Tres varones permanecen detenidos tras herir a tres personas con un cuchillo durante una disputa en el verano de 2024. Una de las víctimas sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida. En junio de 2025, un tribunal condenó a los hombres a varios años de prisión. Las autoridades afirmaron que, hasta el momento, ninguno ha mostrado su disposición a abandonar Alemania voluntariamente tras cumplir sus condenas.
La familia llegó a Alemania entre 2015 y 2020 y rápidamente se hizo conocida por la policía. Sus antecedentes penales incluyen intento de asesinato, lesiones corporales, robo y fraude social.
El caso surge en medio de un renovado debate sobre la inmigración ilegal y la delincuencia en Alemania. Un informe de 2024 de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) muestra que los sirios y afganos son registrados como sospechosos de delitos en tasas significativamente mayores que los ciudadanos alemanes. Los sospechosos no alemanes representan actualmente más del 40% de todos los casos a nivel nacional.
