El Gobierno socialdemócrata de Alemania, encabezado por Olaf Scholz, quiere «aplastar las redes de extrema derecha, privarlas de sus ingresos», tal y como ha dicho esta mañana la ministra del Interior, Nancy Faeser, quien ha presentado en Berlín un plan de acción para «combatir con más eficacia» lo que el Ejecutivo considera el «extremismo de ultraderecha».
Según explica el periodista Unai Cano en The Objective, el proyecto incluye la creación de una «unidad de detección precoz» de posibles «manipulaciones» impulsadas desde el exterior. De la misma manera, habrá una unidad de seguimiento para monitorear los debates en las redes sociales que cuestionan la inmigración y/o los derechos LGBTI. Básicamente estos organismos perseguirán las opiniones disidentes.
Gracias a una modificación de la ley sobre los servicios secretos, también será posible para el Gobierno cerrar cuentas bancarias y confiscar fondos tan solo alegando una «potencial amenaza de extrema derecha». Buena muestra de la persecución a disidentes por sus ideas políticas da el punto del plan —consta de trece en total— relativo a las multas para quienes se burlen del Gobierno alemán en redes sociales, que podrían incurrir en un delito. Las autoridades locales y las empresas podrán recibir información sobre los «extremistas de derechas» recogida por los servicios de inteligencia y la entrada al país será prohibida a extremistas.
Entre las medidas más radicales también figuran el control de los flujos financieros controlados por el Estado para los particulares o las empresas que financien a toda entidad o activista que el poder considere de «extrema derecha» y la prohibición de las reuniones públicas y privadas organizadas por estos mismos grupos señalados.
Este plan de la ministra del Interior germana para perseguir especialmente a quienes no estén a favor del lobby LGTBI o de la inmigración ilegal, contrasta con el plan del jefe del Gobierno, que a finales del pasado año cambió radicalmente su postura sobre la cuestión migratoria llega tras los malos resultados obtenidos por su coalición en las elecciones estatales, lo que lo llevó a afirmar en octubre que «Alemania debe empezar a deportar en gran escala a los inmigrantes ilegales llegados al país», un plan que ya estaría en marcha.
Sin embargo, los partidos tradicionales alemanes, —el SPD de Scholz y la CDU de Friedrich Merz, antiguo partido de Angela Merkel— han apoyado a la Fiscalía en su intención de ilegalizar a la formación de derecha soberanista AfD, que sigue subiendo en las encuestas hasta el punto de que podría ganar las próximas elecciones legislativas.
