La nueva democracia consiste, al parecer, en impedir que el pueblo pueda elegir lo que quiere (y no debe) por el sencillo procedimiento de suprimir «legalmente» al rival con ideas «incorrectas». Lo estamos viendo con el absurdo acoso judicial a Donald Trump en Estados Unidos, lo estamos viendo en Brasil contra Jair Bolsonaro y, por supuesto, lo estamos viendo en Alemania contra los soberanistas de Alternativa para Alemania (AfD), un partido que está subiendo como la espuma en intención de voto.
La Fiscalía General Federal de Alemania está estudiando acusar a políticos de partidos de oposición de «alta traición» por su asistencia a una reunión «secreta» en Potsdam, donde los participantes supuestamente discutieron un plan para deportar a extranjeros.
Según la publicación alemana Junge Freiheit, la investigación se basa en una denuncia penal presentada por un particular que acusó a los participantes de la reunión de alta traición en virtud del artículo 81 del Código Penal alemán. Si son declarados culpables de tal delito, las personas pueden cumplir un mínimo de 10 años de prisión si un fiscal puede demostrar que el individuo «puso en peligro la existencia de la República Federal de Alemania» o quiso abolir «el orden constitucional» mediante el uso o la amenaza de violencia.
Hasta ahora, los principales fiscales alemanes están explorando la posibilidad de acusar de traición a los políticos de AfD presentes, y aún no se han presentado cargos.
Sin embargo, AfD ha emprendido acciones legales contra la ONG estatal Correctiv, que fue la primera en elaborar el informe. Gerrit Huy, diputado de AfD, acusa a la publicación de distribuir ilegalmente grabaciones secretas de audio y vídeo de ella. El colíder de AfD, Tino Chrupalla, también acusó a la ONG de «tácticas de la Stasi» por enviar a un agente encubierto a la reunión, tomar fotografías clandestinas de los participantes y utilizar otras tácticas cuestionables. La AfD teme que Correctiv haya contado con el apoyo de los servicios de inteligencia.
