Hasta Bélgica reacciona, siquiera modestamente, a la catástrofe de la inmigración masiva. El país, ya tristemente célebre por sus guetos musulmanes que hasta la Policía evita, no cierra sus fronteras ni inicia deportaciones, pero al menos pretende que los recién llegados se integren en la sociedad belga.

Así, la ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, ha anunciado que la cuantía de las prestaciones sociales destinadas a los inmigrantes pronto dependerá de su nivel de integración social.

El plan de Van Bossuyt prevé que los refugiados reconocidos sigan recibiendo todas las prestaciones sociales, pero podrían recortarse los pagos si no aprenden el idioma o no buscan trabajo. Las personas con protección subsidiaria o temporal, como muchos ucranianos, comenzarán con pagos más bajos, pero podrán obtener «bonificaciones de integración» al completar cursos de idiomas o programas de formación.

La medida responde a un compromiso incluido en el acuerdo de coalición federal y viene acompañada de medidas de asilo más estrictas, incluyendo el cierre de centros de recepción para inmigrantes que ya están protegidos en otros lugares de la UE y el objetivo de reducir los costos de la inmigración en 1.600 millones de euros para 2029. Bélgica, asegura Van Bossuyt, no puede seguir siendo un «imán» para los solicitantes de asilo y deben tomarse medidas enérgicas contra lo que ella llama «asylum shopping» o elección caprichosa de país de asilo.

En julio, Bélgica restableció los controles fronterizos internos en autobuses, vuelos y carreteras principales procedentes de Francia, Italia y Grecia, siguiendo medidas similares en Alemania y los Países Bajos. El Gobierno insiste en que los controles son necesarios para prevenir la inmigración secundaria.