El proyecto de tarjeta digital obligatoria impulsado por el primer ministro británico, Keir Starmer, se enfrenta a una ola de rechazo sin precedentes. Una petición online contra la llamada “Brit card” ha superado ya el millón y medio de firmas, reflejando la creciente indignación ciudadana ante lo que muchos consideran un paso hacia la vigilancia masiva y el control estatal de la vida cotidiana.
La propuesta del Ejecutivo laborista pretende imponer una identidad digital nacional a todos los adultos en Reino Unido. Cualquier persona que desee acceder a un empleo o alquilar una vivienda estaría obligada a presentar su carné digital, que se cotejaría con una base de datos central para verificar su estatus legal.
El Gobierno sostiene que con este sistema se reducirá la inmigración ilegal y se combatirá la economía sumergida. Pero críticos y defensores de las libertades civiles advierten de que la medida supone un riesgo grave para la privacidad de millones de ciudadanos, al dar al Estado un poder sin precedentes sobre la información personal.
Nigel Farage, líder de Reform UK, ha denunciado la iniciativa como una “tarjeta anti-británica” y ha advertido de que no resolverá el problema de la inmigración ilegal, sino que ampliará el control del Gobierno sobre la población.
La polémica se intensifica a las puertas de la conferencia laborista, con un país cada vez más polarizado entre las promesas de control migratorio y las advertencias de recorte de libertades. Si el plan sigue adelante, la “Brit card” se convertirá en la primera tarjeta de identidad nacional en la historia del Reino Unido.
