El Gobierno británico ha reconocido en un documento interno que el despliegue masivo de aerogeneradores y paneles solares puede provocar daños significativos en el medio ambiente, pese a que el Ejecutivo laborista presenta su agenda energética como una política destinada precisamente a proteger la naturaleza y reducir las emisiones.
Según ha revelado la prensa británica, el documento admite que los planes para acelerar la transición hacia una electricidad «limpia» pueden afectar a «lugares reconocidos a nivel nacional, paisajes y entornos históricos», además de perjudicar «la biodiversidad y los recursos hídricos».
El texto fue conocido después de una reclamación presentada por el Daily Mail para acceder a información interna del Gobierno. En él, los funcionarios reconocen que el programa de expansión de la energía eólica y solar puede generar «emisiones atmosféricas, emisiones de gases de efecto invernadero, ruido y vibraciones, contaminación lumínica, polvo y contaminación del suelo».
El reconocimiento resulta especialmente incómodo para el Ejecutivo británico, que bajo la dirección del secretario de Energía, Ed Miliband, ha fijado objetivos muy ambiciosos para transformar el sistema eléctrico del país. El Gobierno pretende que en 2030 el 95% de la producción eléctrica proceda de la energía eólica y solar.
Para alcanzar esa meta, Reino Unido prevé elevar la capacidad de la eólica marina hasta entre 43 y 50 gigavatios, aumentar la eólica terrestre hasta los 27 gigavatios y llevar la energía solar hasta los 45 gigavatios. Miliband ya había defendido en 2023 la necesidad de triplicar la capacidad solar y cuadruplicar la eólica marina.
Sin embargo, el propio documento oficial desmonta parte del relato ecologista con el que se justifica esta política. Los efectos negativos, según el texto, podrían producirse tanto durante la fase de construcción como de forma «repetida», con impactos a corto y largo plazo.
La agricultura también podría verse afectada. El informe interno señala que los cambios previstos «levantarán algunas restricciones sobre zonas verdes», lo que podría incluir tierras agrícolas. Hasta 2030 ya se ha aprobado la construcción de 157 parques solares.
Además, las objeciones de los vecinos podrían ser ignoradas si las nuevas instalaciones son consideradas de «importancia nacional», lo que abre la puerta a imponer proyectos energéticos sobre territorios rurales, espacios naturales o comunidades locales que se opongan a ellos.
Hasta ahora, Miliband había defendido su programa energético apelando casi exclusivamente a la protección ambiental y a la lucha contra el cambio climático. Pero el documento interno conocido por la prensa británica muestra que el propio Gobierno es consciente de que la transición verde no está libre de costes, ni siquiera desde el punto de vista ecológico.