La orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de localizar al supuesto responsable de filtrar la dirección oficial de correo electrónico de Begoña Gómez desató una investigación interna y una presión sin precedentes sobre los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). Los investigadores llegaron a recibir la advertencia de que iban a «rodar cabezas», pero terminaron demostrando que la aparición del correo se debió a un error en un documento técnico.
Según ha desvelado The Objective, el episodio se produjo después de que Okdiario publicara que la mujer del presidente del Gobierno disponía de una dirección de correo electrónico bajo el dominio oficial de Moncloa, pese a no ocupar ningún cargo en Presidencia. La información procedía de documentación incorporada a la investigación sobre la contratación de David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, en la Diputación de Badajoz.
La revelación provocó un terremoto dentro del área de Delincuencia Económica de la UCO, dirigida entonces por Antonio Balas. Fuentes de la Guardia Civil que vivieron aquellos días describen lo ocurrido como una «pesadilla» y denuncian que se desencadenó una auténtica caza para identificar al supuesto filtrador.
El correo de Gómez aparecía junto a otras comunicaciones intercambiadas entre David Sánchez, Pedro Sánchez y la propia mujer del presidente. Los mensajes figuraban en un documento técnico elaborado para explicar a investigadores e instructores cómo consultar los cientos de comunicaciones intervenidas en los servidores de la Diputación de Badajoz.
Los tres correos tenían como asunto una «carta de recomendación para Ainhoa», en referencia a la hija mayor del matrimonio Sánchez Gómez. Las comunicaciones databan de 2019, cuando la menor tenía alrededor de 14 años.
La inclusión de aquellos mensajes pasó inadvertida incluso para los integrantes de la unidad. Un analista los había incorporado por error a las instrucciones técnicas destinadas a facilitar la navegación por el material intervenido. No se trataba, por tanto, de una filtración deliberada ni de la incorporación consciente de comunicaciones privadas a un informe policial.
Sin embargo, tras publicarse la existencia de la cuenta oficial de Gómez, la Dirección Adjunta Operativa (DAO), encabezada por el teniente general Manuel Llamas, puso en marcha una investigación para identificar al presunto responsable. La cúpula trasladó a los agentes que el asunto revestía una enorme gravedad y que cualquier implicado «por acción o conocimiento» sería castigado.
La amenaza fue directa: iban a «rodar cabezas» y la orden procedía «desde muy arriba». Los propios miembros de la UCO desconocían en un primer momento cómo había podido salir a la luz aquella dirección, hasta el punto de contactar con los periodistas que habían publicado la información.
Finalmente, la unidad reconstruyó lo ocurrido y comunicó tanto a sus superiores como al instructor del expediente que los correos habían aparecido por un error del analista encargado de preparar el documento. El temor de Interior a que la UCO hubiese incorporado de forma intencionada comunicaciones privadas de Pedro Sánchez o Begoña Gómez quedó así descartado.
El expediente concluyó sin que pudiera acreditarse una actuación deliberada. Su autor recibió únicamente una amonestación, respaldada por Llamas bajo el argumento de que los informes policiales deben analizarse de forma exhaustiva para evitar daños a terceras personas.
La investigación por el correo de Gómez fue la primera de las tres actuaciones internas abiertas contra la UCO entre 2024 y 2025 por supuestas filtraciones a los medios de comunicación. Todas terminaron archivadas sin que se exigieran responsabilidades.
Llamas ha reconocido ante la Audiencia Nacional que la orden de abrir el primer expediente procedió de Marlaska. El DAO ha defendido que estas actuaciones forman parte de la «normalidad» cuando existen sospechas sobre posibles irregularidades cometidas por funcionarios policiales.
También ha rechazado que los expedientes buscaran entorpecer las investigaciones de la unidad de élite. Según su versión, las denuncias formuladas por antiguos mandos de la UCO, como Manuel Yuste y Rafael López Malo, responden a una «interpretación errónea» de las decisiones adoptadas por la cúpula.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene una posición opuesta. El Ministerio Público considera que el objetivo de las investigaciones internas «no era la depuración de eventuales responsabilidades administrativas, sino la generación de un efecto intimidatorio destinado a condicionar el desarrollo de las pesquisas».
Para Anticorrupción, el expediente dejó de ser un mecanismo dirigido a esclarecer una posible irregularidad y se convirtió en «el instrumento empleado para ejercer la intimidación» sobre los investigadores.
La presión se produjo cuando la UCO estaba inmersa en algunas de las causas que más comprometen al entorno político y familiar de Pedro Sánchez, entre ellas los casos Koldo, hidrocarburos, Begoña Gómez y David Sánchez. Durante ese mismo periodo, Leire Díez mantuvo reuniones y contactos para obtener información contra mandos de la unidad. En una de las grabaciones conocidas posteriormente llegó a afirmar: «A Balas lo quiero muerto».
La cúpula de la Guardia Civil conocía, además, antes de la apertura formal del expediente que la aparición del correo no respondía a una filtración de la UCO. En noviembre de 2024, López Malo explicó a Llamas mediante una nota de despacho que la dirección había aparecido de forma accidental en un índice de correos incorporado a los anexos del informe. Pese a ello, la investigación interna siguió adelante.
