La mujer de Pedro Sánchez será juzgada por nueve ciudadanos elegidos por sorteo tras convertirse en la primera cónyuge de un presidente del Gobierno en democracia que se sentará en el banquillo de los acusados. Begoña Gómez responderá ante un jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado la continuación del procedimiento abierto por el juez Juan Carlos Peinado.
Según informa El Confidencial, los expertos en Derecho Penal consultados calculan que Gómez podría enfrentarse a peticiones de hasta cinco años de prisión. Esta cifra resulta de sumar las penas previstas para los dos delitos que la Sección 23 de la Audiencia de Madrid mantiene en la causa, tras descartar los de apropiación indebida y corrupción en los negocios.
La resolución sitúa los hechos relativos a la presunta malversación bajo el artículo 432 bis del Código Penal, que contempla penas de entre seis meses y tres años de cárcel. A esta posible condena se añadiría la correspondiente al delito de tráfico de influencias, castigado con penas de hasta dos años de prisión.
El futuro de Gómez dependerá ahora de los escritos que presenten las acusaciones populares. El instructor deberá emitir un nuevo auto de procesamiento y, una vez formuladas las acusaciones, podrá dictar el auto de apertura de juicio oral. Será entonces cuando la Audiencia Provincial de Madrid comience a preparar una vista que, según las previsiones recogidas por el citado medio, no se celebrará como mínimo hasta dentro de un año.
El escenario penal podría agravarse. El abogado penalista Víctor Ávila sostiene que, si las acusaciones consideran que los hechos encajan en la modalidad agravada de la malversación, podrían reclamar hasta diez años de prisión y una pena de inhabilitación de entre diez y 20 años. Para ello tendrían que acreditar que el valor real del programa informático objeto de la investigación supera los 50.000 euros.
Si el valor del software rebasara los 250.000 euros, el Código Penal obligaría a imponer la pena de prisión en su mitad superior, con la posibilidad de alcanzar la pena superior en grado, según explica el letrado.
En cuanto al tráfico de influencias, la pena oscila entre seis meses y dos años de prisión. Los magistrados de la Audiencia de Madrid recuerdan en su auto que, si se acredita que Gómez obtuvo el beneficio que perseguía mediante la presunta comisión del delito, se produciría una agravación de su responsabilidad penal. En ese supuesto, la pena alcanzaría los dos años de cárcel.
Siete votos para declararla culpable
El tribunal del jurado estará integrado por nueve ciudadanos de Madrid elegidos por sorteo, además de dos suplentes. Ellos deberán escuchar las declaraciones de los acusados, testigos y peritos, así como examinar las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas las recopiladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
El jurado tendrá que decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Begoña Gómez y de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Para emitir un veredicto de culpabilidad serán necesarios al menos siete votos de los nueve integrantes. En cambio, bastarán cinco votos para declarar no probado un hecho desfavorable a las acusadas.
El proceso de selección comenzará con el sorteo de 20 candidatos. El abogado penalista Marcos García Montes explica que algunos de ellos podrán presentar excusas por motivos como tener más de 65 años, sufrir alguna discapacidad o cuidar a personas dependientes. Después, cada una de las partes podrá recusar hasta cuatro candidatos sin necesidad de justificar su decisión.
Una vez constituido el jurado, sus miembros decidirán si los hechos sometidos a juicio han quedado probados y si las acusadas son culpables. No obstante, será el magistrado que presida el tribunal quien redacte la sentencia y, en caso de condena, fije la pena correspondiente dentro de los márgenes establecidos por el Código Penal.
Algunos analistas sostienen que el jurado popular podría perjudicar a Gómez por la exposición pública del caso. Sin embargo, Ávila señala que el sistema también puede favorecerla, ya que bastaría con que tres de los nueve ciudadanos rechazaran la culpabilidad para impedir una condena.
La vista convertirá la sede de la Audiencia Provincial de Madrid en el escenario de un juicio sin precedentes. Tras la condena de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez será el segundo miembro de la familia de Pedro Sánchez que afrontará el escrutinio de la Justicia. Esta vez serán nueve ciudadanos quienes tengan la última palabra.
