El Gobierno del Partido Laborista ha elegido Oxford como punto de partida para aplicar el modelo de ciudades de 15 minutos, un sistema que comenzará a funcionar en el centro urbano a finales de este año y que introduce restricciones directas a la circulación mediante filtros de tráfico controlados por cámaras y sanciones automáticas. El plan, respaldado por Downing Street, se presenta como un proyecto piloto con capacidad para replicarse en otros municipios del Reino Unido.

La iniciativa se apoya en el principio de que los ciudadanos deben poder acceder a servicios esenciales en un radio de quince minutos caminando o en bicicleta. Sin embargo, su desarrollo práctico implica limitar el uso del vehículo privado en determinadas zonas y franjas horarias. En Oxford, los conductores deberán contar con autorizaciones específicas para atravesar seis filtros de tráfico distribuidos por la ciudad.

El sistema contempla un permiso anual para residentes que permite hasta cien días de paso gratuito por esos filtros durante su horario de funcionamiento. De forma paralela, se establece una autorización adicional que sólo concede veinticinco días al año para circular por seis áreas sujetas a cargos por congestión. Superado ese límite, cualquier desplazamiento sin el permiso correspondiente da lugar a multas automáticas.

La medida se sustenta en la decisión del Ejecutivo laborista de permitir que los ayuntamientos utilicen las bases de datos de licencias de conducción para hacer cumplir las restricciones. Se trata de un cambio de rumbo respecto a los planes del anterior Gobierno conservador, que había planteado bloquear el acceso a estos registros cuando los esquemas se basaran en un uso intensivo de cámaras, en la racionación del coche o carecieran del respaldo de vecinos y comercios.

Ese planteamiento ha quedado definitivamente descartado. El ministro de Transporte local, Simon Lightwood, confirmó en una respuesta parlamentaria que el Gobierno seguirá adelante con este enfoque, lo que permite a los consejos municipales de todo el país seguir el ejemplo de Oxford e implantar filtros de tráfico vigilados de forma electrónica.

Desde la oposición, el ministro de Transporte en la sombra, Greg Smith, alertó de que el caso de Oxford no constituye una excepción aislada, sino el primer paso de una estrategia de alcance nacional. A su juicio, el Ejecutivo ha dado luz verde a ayuntamientos especialmente restrictivos para controlar cómo se desplazan los ciudadanos, utilizando cámaras, multas y datos oficiales como instrumentos de presión.

Las críticas también han llegado desde asociaciones de conductores. El director de la Alliance of British Drivers, Duncan White, ha calificado el modelo de ciudades de 15 minutos como una «abominación» y ha denunciado un sistema de control social que, en su opinión, supone una intromisión en las libertades civiles. Advirtió de que el esquema obliga, en la práctica, a solicitar permisos para desplazamientos cotidianos, una dinámica que comparó con métodos propios de regímenes de vigilancia del pasado.

En la misma línea, el responsable de políticas viarias de la Automobile Association, Jack Cousens, ha recodado que el coche sigue siendo el principal medio de transporte en el Reino Unido. Y ha subrayado que el acceso en vehículo a los centros urbanos genera ingresos esenciales por aparcamiento y sostiene la actividad del comercio local, por lo que imponer barreras a la circulación puede perjudicar tanto a la economía nacional como a la de los cascos urbanos.

El despliegue de las ciudades de 15 minutos se suma a otras decisiones recientes del Ejecutivo. El Gobierno laborista ha renunciado a frenar la expansión de los barrios de tráfico reducido y las zonas con límites de velocidad de 20 millas por hora. Además, los nuevos planes obligan a los ayuntamientos a restringir de forma generalizada las plazas de aparcamiento en promociones de vivienda de nueva construcción, sin necesidad de justificarlo.

Con Oxford como ciudad piloto, el debate sobre las ciudades de 15 minutos deja de ser un concepto teórico y se convierte en una realidad impulsada desde el Gobierno. Para sus críticos, el experimento marca el inicio de una nueva etapa de control institucional sobre la movilidad y el uso del coche en el Reino Unido.