El Gobierno de Reino Unido ha admitido que en los últimos meses ha abierto más hoteles para solicitantes de asilo de los que ha cerrado. En los cuatro meses transcurridos desde las elecciones generales que dieron la victoria al ahora primer ministro, Keir Starmer, el número de hoteles en uso ha aumentado de 213 a 220. Y aunque se han desalojado siete, se han habilitado otros 14 para la acogida de inmigrantes.
A pesar de que una de las promesas electorales del Partido Laborista fue cerrar estos alojamientos, no hay señales de que vayan a hacerlo pronto. Y esto significa que los contribuyentes continúan manteniendo a más de 30.000 solicitantes de asilo en hoteles, con un coste que supera los 4.000 millones de libras al año.
El Gobierno de Starmer también ha tenido que retractarse de su intención de poner fin al uso de grandes sitios para el alojamiento de inmigrantes, como el habilitado en la base RAF Wethersfield en Essex, que lejos de cerrar ampliará su capacidad de 540 camas a al menos 800.
Además de que el Ejecutivo británico no ha cumplido con su promesa de realojo de estas personas, el número de cruces de inmigrantes ilegales a través del Canal de la Mancha ha aumentado desde que los laboristas llegaron al poder. Y desde la oposición denuncian que el Gobierno no ha explicado quiénes son las bandas criminales que dirigen el tráfico de estos inmigrantes, una información básica para poder desarrollar una solución contra la inmigración masiva.
En la actualidad y con una tasa de concesión de asilo del 60%, todo apunta a que los solicitantes que no terminen dependiendo del Ministerio del Interior, dependerán de las autoridades locales, también a cargo de los contribuyentes.
La inmigración también está agravando el problema de acceso a la vivienda que existe en el país. Las administraciones locales están adquiriendo viviendas para albergar a refugiados ucranianos y afganos que llegaron por rutas legales, lo que implica que, en algunas zonas, la oferta inmobiliaria ha disminuido y hay más británicos con problemas para encontrar alojamiento.
El alojamiento de solicitantes de asilo también plantea el riesgo de generar más inseguridad. En agosto se produjeron disturbios tras el asesinato de tres menores en Southport que fueron protagonizados por británicos insatisfechos con la incapacidad del Gobierno para detener las embarcaciones de inmigrantes ilegales y los crímenes cada vez más comunes relacionados con inmigrantes.
Mientras no se toman medidas contra la inmigración, Starmer ha decidido aplicar un nuevo impuesto contra el campo. Los agricultores deberán enfrentarse a un nuevo tributo sobre las sucesiones que prevé recaudar 500 millones libras, una ínfima parte de los 4.000 millones que cuesta el alojamiento de inmigrantes en el país.
