Los agricultores británicos están en pie de guerra tras el anuncio del nuevo impuesto de sucesiones que el gobierno laborista de Keir Starmer pretende implementar en 2026. Según la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, los bienes agrícolas valorados en más de un millón de libras estarán sujetos a un impuesto del 20%. Esta medida ha sido recibida como un ataque directo a las familias que trabajan para garantizar el suministro de alimentos en el Reino Unido.
En su defensa, el gobierno argumenta que el impuesto sólo afectará a un grupo pequeño: unas 500 granjas al año. Sin embargo, cálculos de la Unión Nacional de Agricultores (NFU) y del propio Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) contradicen esta cifra. Los datos estiman que hasta 70.000 granjas británicas, alrededor del 30% del total, tienen activos valorados en más de un millón de libras. Esto significa que, aunque no todas las granjas estarán afectadas de inmediato, muchas familias agricultoras se enfrentan a un futuro incierto bajo esta nueva política.
El impacto sobre el consumidor también es innegable. Las familias agricultoras que logren superar la carga fiscal inevitablemente trasladarán los costos al consumidor, lo que resultará en un incremento en los precios de los alimentos básicos. En el peor de los casos, las familias que no puedan afrontar las enormes facturas fiscales podrían verse obligadas a vender sus tierras, con consecuencias devastadoras para la integridad del campo británico.
Un desprecio hacia la clase trabajadora rural
El desprecio del Partido Laborista hacia los agricultores refleja un nuevo tipo de guerra de clases. Esta vez, el enfrentamiento no es entre ricos y pobres, sino entre las élites urbanas que dominan el sector público y la clase trabajadora rural. Según analistas políticos, el laborismo parece priorizar a burócratas progresistas, trabajadores del sector público y defensores de causas ideológicas, mientras que los agricultores y otros trabajadores manuales son vistos como un obstáculo más que como un recurso.
La periodista Beth Rigby de Sky News señaló este patrón al cuestionar a Keir Starmer, afirmando que su gobierno parece apuntar a individuos productivos y emprendedores, alejados de la burocracia estatal. En contraste, figuras como Jeremy Clarkson, defensor declarado de los agricultores, acusan al gobierno de «limpiar étnicamente» el campo para reemplazarlo con «ciudades de inmigrantes» en tierras agrícolas abandonadas.
La desconexión con el campo
Este conflicto también expone una desconexión más profunda entre los valores rurales y la élite urbana progresista que domina el Partido Laborista. Según el comentarista Matt Goodwin, «la tribu laborista no incluye a los agricultores que se levantan antes del amanecer para alimentar a sus rebaños y sembrar sus semillas». En cambio, el laborismo parece ser un partido centrado en las prioridades urbanas y burocráticas, sin interés por el gran campo británico ni por los desafíos que enfrentan sus comunidades.
El impuesto de sucesiones no sólo amenaza con desestabilizar el sector agrícola, sino que también abre la puerta a actores externos que podrían adquirir tierras rurales a bajo costo. Desde conglomerados internacionales hasta promotores inmobiliarios, se teme que las granjas familiares puedan terminar en manos de empresas que no compartan el mismo compromiso con el campo y su sostenibilidad.
