El nuevo gobierno laborista del Reino Unido, bajo el liderazgo de Keir Starmer, está ultimando una normativa que entrará en vigor el 31 de octubre y establecerá la prohibición de realizar protestas o rezar en silencio en un perímetro de 150 metros alrededor de las clínicas abortivas. Esta legislación contraviene la disposición anterior emitida por el gobierno conservador, que había permitido la oración silenciosa en estas «zonas de acceso seguro» tras la controversia sobre los llamados «delitos de pensamiento».
La medida previa fue tomada por el gobierno del ex primer ministro Rishi Sunak, en respuesta al debate público que cuestionaba la penalización de la oración silenciosa, vista como una posible infracción de libertades fundamentales. Según informó el Daily Telegraph, la nueva ley del Partido Laborista revierte esta política y prohíbe cualquier tipo de oración, aunque se deja margen a la policía para evaluar caso por caso si la acción se ajusta a los criterios necesarios para iniciar un procedimiento legal.
Con esta normativa, Keir Starmer reintroduce en el Reino Unido el concepto de «delitos de pensamiento», al criminalizar incluso el acto de rezar de manera silenciosa frente a clínicas abortivas. Los obispos católicos de Inglaterra y Gales han expresado su profunda preocupación ante esta nueva normativa, considerando que supone una grave amenaza para los derechos fundamentales de libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión, tanto para los creyentes como para quienes no profesan ninguna fe.
El obispo auxiliar de Westminster, Mons. John Sherrington, subrayó que la Conferencia Episcopal Católica ya había advertido sobre los peligros de esta ley durante el proceso de tramitación el año pasado. Señaló que las llamadas «zonas de acceso seguro» no son sólo innecesarias, sino también desproporcionadas. Condenando cualquier forma de acoso o intimidación hacia las mujeres, afirmó que ya existen mecanismos legales en el Reino Unido para proteger a quienes acuden a las clínicas abortivas sin necesidad de recurrir a nuevas restricciones.
Sherrington destacó que esta medida, en la práctica, discrimina de forma desproporcionada a las personas religiosas afectando a su derecho fundamental de libertad religiosa. Este derecho, argumentó, es crucial para el desarrollo de cualquier sociedad democrática, ya que permite a las personas manifestar sus creencias públicamente mediante el testimonio, la oración y la caridad, incluso en las inmediaciones de los centros donde se realizan abortos.
Además, el obispo expresó su preocupación por la falta de claridad de la ley, especialmente en lo referente a la oración silenciosa y las ofertas de apoyo dentro de las «zonas de acceso seguro». Recordó las palabras del Papa Francisco, quien defendió que un verdadero pluralismo debe respetar y valorar las diferencias religiosas, en lugar de relegarlas al ámbito privado o a los recintos religiosos.
