El primer ministro británico, Keir Starmer, busca implementar un programa de identificación digital para dar un paso más en su control social con la excusa de «combatir la inmigración ilegal». La medida, todavía en fase de estudio, aseguran que pretende reforzar la capacidad del Gobierno para impedir que inmigrantes sin papeles accedan a empleos irregulares, al tiempo que responde a las presiones de París, que lleva tiempo alertando de que el mercado laboral del Reino Unido resulta demasiado permeable.
La propuesta se debatió ayer martes en una reunión de ministros encabezada por Starmer, donde se valoró si ampliar los sistemas de identificación digital podría marcar la diferencia en la lucha contra la inmigración ilegal. Aunque el Partido Laborista había mostrado históricamente recelos en materia de libertades civiles, Downing Street asegura que el Ejecutivo está dispuesto a explorar «lo que funcione»
En este contexto, Pat McFadden, ministro de la Oficina del Gabinete, viajó recientemente a Estonia para conocer de cerca el modelo de identidad digital del país báltico, donde desde hace más de veinte años cada ciudadano dispone de una e-ID válido para votar, firmar documentos en línea o acceder a expedientes médicos. Según un funcionario británico, el debate sobre los riesgos para los derechos civiles «ha evolucionado» y ya no despierta tanta oposición como en épocas anteriores.
La idea no es nueva. Tony Blair ya intentó implantar un carné de identidad nacional durante su etapa en Downing Street, pero se encontró con una fuerte resistencia política y social. Hoy, sin embargo, el propio Gobierno recuerda que muchos británicos ya utilizan herramientas digitales de identificación, como los visados electrónicos o los permisos de conducir, lo que facilitaría la transición hacia un sistema más amplio.
Las redes sociales no han dudado en condenar este plan del primer ministro y acusarle de utilizar la lucha contra la inmigración ilegal como pretexto para dar un paso más en su restricción de libertades civiles. De hecho, han señalado que en la actualidad son más perseguidos ciudadanos británicos que exponen opiniones «polémicas» en sus perfiles que los propios inmigrantes.
