El Secretario de Estado de Seguridad Energética y Cero Neto del Reino Unido, Ed Miliband, ha reconocido los planes del Gobierno laborista de prohibir la venta de coches de gasolina y diésel nuevos a partir de 2030. En una entrevista reciente, el ministro ha explicado que la medida no supondrá la desaparición inmediata de los vehículos de combustión, ya que los británicos podrán seguir utilizando y comprando coches de segunda mano, pero ha subrayado que la transición hacia el transporte eléctrico es inaplazable.

Miliband ha señalado que la clave está en abaratar el acceso a los vehículos eléctricos y ha destacado que hace quince años no habría podido plantear una iniciativa así porque la energía solar y eólica eran mucho más caras que los combustibles fósiles. Ahora, asegura, el panorama es distinto: «Cuando las renovables son más baratas, ¿por qué quedarse con combustibles fósiles caros e inseguros pudiendo tener energía limpia y asequible?».

El secretario de Estado también ha sido preguntado por la viabilidad de alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050. Ha admitido que al llegar al cargo, hace apenas cuatro meses, le dijeron que el país no estaba en la senda correcta, aunque ha asegurado que su prioridad es corregir ese rumbo. «Es difícil, pero creo que podemos hacerlo. Quiero que las generaciones futuras digan que entendí la magnitud de la amenaza», ha afirmado.

Sin embargo, la estrategia del Gobierno no está exenta de críticas. El líder del partido Reform UK y líder en todas las encuestas, Nigel Farage, ha denunciado que la agenda de «Net Zero» está «desindustrializando a Gran Bretaña» sin reducir realmente las emisiones de carbono. Según su argumento, las políticas verdes sólo desplazan la producción a países como India o China, exportando así la contaminación y debilitando a las economías occidentales.

Farage sostiene que el plan de Cero Neto refuerza un modelo global de manufactura barata en Asia, a costa de cerrar industrias en el Reino Unido y en Europa. A su juicio, esta agenda genera dependencia, reduce la soberanía nacional y fomenta una gobernanza internacional que deja a Occidente en una posición de mayor vulnerabilidad económica y estratégica.