El Reino Unido avanza hacia la financiación pública de la muerte asistida. El ministro de Cuidados, Stephen Kinnock, ha confirmado que los futuros servicios de eutanasia serán sufragados con fondos del sistema público de salud británico (NHS). La medida forma parte del proyecto de ley Terminally Ill Adults (End of Life), que permitiría a los adultos con menos de seis meses de vida solicitar la eutanasia. La norma, ya aprobada por la Cámara de los Comunes, se debate ahora en la Cámara de los Lores.

Durante su intervención ante la comisión, Kinnock explicó que el espíritu del texto, impulsado por la diputada laborista Kim Leadbeater, es que el procedimiento sea gratuito para el paciente y gestionado mediante un proceso de contratación del NHS. “Una vez que la promotora del proyecto dejó claro su objetivo de ofrecer un servicio gratuito a través del sistema público, trabajamos para que la ley hiciera posible esa intención”, afirmó.

El ministro no precisó si el NHS ofrecerá directamente el servicio o si lo contratará a empresas privadas. De hecho, el propio texto legal deja abierta la puerta a que clínicas privadas puedan participar en la prestación de este tipo de servicios, confirmando así que el Estado británico pagará tanto muertes asistidas públicas como privadas.

El modelo propuesto se basaría en la estructura habitual del NHS, donde los consejos regionales de atención integrada (ICB) determinan las necesidades sanitarias de cada zona y encargan los servicios correspondientes. Kinnock subrayó que “la filosofía del sistema sanitario británico ya funciona bajo un esquema de contratación, y este caso no sería diferente”.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, que votó en contra del proyecto, ha expresado su preocupación por los costes de implantarlo. Un informe de impacto gubernamental estima que la contratación de personal podría superar los 10 millones de libras anuales en menos de una década, mientras que la formación inicial superaría los 11 millones. Además, los comités encargados de evaluar cada solicitud —integrados por un abogado, un psiquiatra y un trabajador social— costarían unos 2.000 libras por día de funcionamiento.

Sin embargo, el propio informe admite que aún no se puede determinar si los gastos superarían los posibles ahorros o viceversa, debido a la falta de datos sobre el impacto real.

La medida ha despertado una fuerte controversia social. La comisionada de la Infancia, Dame Rachel de Souza, alertó sobre los riesgos para los menores y personas con discapacidad. Relató el caso de un niño discapacitado bajo tutela estatal que le dijo: “El Gobierno pagará para que muera, pero no para que viva”. De Souza pidió que se protejan los derechos de los menores y sugirió elevar la edad mínima para acceder a la eutanasia de 18 a 25 años “por prudencia”.

El Departamento de Sanidad se ha limitado a recordar que el Gobierno mantiene una posición “neutral” respecto a la ley, promovida por Leadbeater y el laborista Lord Falconer de Thoroton.