En plena crisis de vivienda, el Senado de Berlín ha confirmado que la primera construcción que se levantará en el terreno destinado al nuevo barrio residencial de Blankenburger Süden, en el distrito de Pankow, no serán viviendas para los residentes locales, sino un centro temporal de acogida para inmigrantes ilegales. El proyecto, impulsado por la Oficina Estatal para Asuntos de Refugiados (LAF) —dependiente del Gobierno berlinés—, contempla la instalación de un complejo de módulos prefabricados con 500 plazas.
Según la LAF, las obras comenzarán en abril de 2026 y concluirán a principios de 2027. El centro funcionará durante tres años, hasta su desmantelamiento en 2030, fecha en la que, en teoría, arrancará la construcción del nuevo barrio, que contará con 8.600 apartamentos, escuelas y edificios comerciales. El coste estimado del proyecto asciende a 20 millones de euros y forma parte de un plan más amplio del Gobierno berlinés para crear 6.000 nuevas plazas para refugiados en 16 complejos similares, con una inversión total de 200 millones de euros.
«El alojamiento será gestionado por un proveedor con experiencia que también empleará a trabajadores sociales cualificados», ha declarado el portavoz de la LAF, Sascha Langenbach, al diario Tagesspiegel.
Sin embargo, las autoridades locales de Pankow han mostrado su preocupación por la presión adicional que este nuevo centro supondrá para los servicios públicos. El concejal de Educación, Jörn Pasternack (CDU), ha advertido de que la falta de plazas escolares ya es «grave» y de que el distrito podría verse obligado a habilitar aulas dentro de los propios centros de acogida. En la actualidad, Pankow acoge a unos 6.000 solicitantes de asilo repartidos en 18 instalaciones.
La decisión se suma a otra medida adoptada por el Senado de Berlín a comienzos de año, cuando autorizó la construcción de un centro de inmigrantes ilegales con 1.000 camas en Tempelhofer Feld, antiguo aeropuerto y campo de trabajo nazi. Para hacerlo posible, el Gobierno regional anuló una ley de 2014 que prohibía cualquier edificación en ese espacio. La senadora socialdemócrata Cansel Kiziltepe defendió la medida alegando la saturación de los albergues y aseguró que las nuevas instalaciones abrirán a finales de 2028.
Mientras tanto, los proyectos de vivienda destinados a los berlineses siguen paralizados. Las propuestas para convertir Tempelhofer Feld en una zona residencial permanecen estancadas, con seis planes aún en revisión y la posible convocatoria de un referéndum público.
No es la primera vez que Berlín prioriza el alojamiento para inmigrantes frente a las necesidades de sus propios ciudadanos. En 2023, un complejo de 128 apartamentos en el distrito de Spandau, construido por la empresa municipal WBM, fue reservado íntegramente para refugiados, acogiendo a 570 solicitantes de asilo mientras miles de berlineses permanecían en listas de espera.
El impacto económico de las políticas de acogida de inmigrantes también sigue creciendo. Berlín destinó al menos 2.100 millones de euros en 2023 a gastos vinculados al «asilo» —alrededor del 5% de su presupuesto— y planea endeudarse en 1.300 millones más entre 2026 y 2027 para cubrir futuras «necesidades migratorias».
Todo ello ocurre en un contexto nacional marcado por un déficit estimado de 800.000 viviendas, una burocracia que frena las nuevas construcciones y un coste de la vida disparado por los tipos de interés y la inflación.
