El Gobierno de Irlanda ha propuesto este miércoles un endurecimiento de su política migratoria, al aumentar a cinco los años de espera para conseguir la ciudadanía, con el objetivo de intentar frenar el crecimiento poblacional del país europeo.
El ministro de Justicia, Interior y Migración, Jim O’Callaghan, ha recibido ‘luz verde’ del Gobierno para introducir nuevas políticas y cambios legislativos que «fortalezcan el sistema migratorio y de asilo, garantizando que esté basado en normas, sea eficiente y esté en consonancia con las de muchos Estados miembros de la Unión Europea».
Dublín ha decidido que los «requisitos de residencia para las personas que reciben protección internacional aumentarán de tres a cinco años antes de que puedan solicitar la ciudadanía» y que los solicitantes «deben ser autosuficientes y no haber recibido determinados pagos de protección social en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud», reza un comunicado.
También ha establecido que la reunificación familiar para quienes tengan el estatus de protección internacional solo se concederá a aquellos que demuestren que tienen recursos suficientes para mantener a los miembros de la familia. De hecho, quienes tengan un alojamiento de protección y trabajen deberán realizar una contribución financiera.
Asimismo, ha otorgado poderes adicionales para revocar el estatus de refugiado cuando se determine que representa «un peligro para la seguridad» nacional o ha sido condenada por un delito grave. «Si bien estas situaciones son poco frecuentes, es importante que estén previstas en la ley», ha defendido O’Callaghan.
