El Gobierno francés ha reactivado su ofensiva contra la libertad de expresión a menos de un año de las elecciones presidenciales. La ministra delegada para la lucha contra la discriminación, Aurore Bergé, ha presentado un nuevo proyecto de ley que introduce sanciones de inhabilitación para determinados delitos vinculados al racismo, el antisemitismo, el negacionismo y la apología de crímenes de guerra o contra la humanidad.

La iniciativa, que será sometida a votación en la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio, llega después del fracaso de la llamada proposición de ley Yadan, impulsada por la diputada macronista Caroline Yadan. Aquel texto pretendía endurecer la lucha contra ciertas manifestaciones contemporáneas de antisemitismo y crear nuevos delitos relacionados con los llamamientos a la destrucción de un Estado o determinadas formas de glorificación implícita del terrorismo.

La ley Yadan provocó una fuerte polémica por el riesgo de restringir aún más la libertad de expresión y penalizar posiciones políticas relacionadas con el conflicto israelí-palestino. Ante la posibilidad de un bloqueo parlamentario, el texto fue retirado de la agenda de la Asamblea Nacional en abril de 2026.

Ahora, Bergé recupera parte de ese espíritu censor con una nueva propuesta enviada al Consejo de Estado. La ministra ha defendido que el texto enviará «una señal absolutamente esencial de republicanismo y concordia» a un año de las presidenciales francesas.

Bergé sostiene que la histórica ley de libertad de prensa de 1881 no cubre todas las situaciones conflictivas vinculadas a la libertad de expresión. «Con este texto, nadie podrá negar un crimen contra la humanidad», afirmó.

La ministra también ha retomado una propuesta defendida por Emmanuel Macron: imponer penas de inhabilitación para los delitos que el Ejecutivo considera más graves, entre ellos el antisemitismo, el racismo, el negacionismo y la glorificación de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

El proyecto contempla además que los magistrados puedan solicitar órdenes de detención o arresto contra reincidentes en delitos de odio para impedir que huyan al extranjero.

Bergé se ha mostrado confiada en la aprobación de la ley y asegura haber detectado un amplio consenso político. «Honestamente, no veo qué argumento podría existir para negarse a proteger mejor a las víctimas e imponer penas más duras a los autores», declaró.

Sin embargo, detrás del lenguaje oficial de protección de las víctimas se abre un debate mucho más profundo: el uso del aparato penal para perseguir opiniones, restringir contenidos y condicionar la vida política en plena antesala electoral.

El proyecto permitiría a una serie de organizaciones militantes, muchas de ellas abiertamente progresistas, personarse en procedimientos civiles por lo que podrían terminar siendo delitos de opinión. Para críticos como Jean-Yves Le Gallou, presidente de la Fundación Polémia, la cuestión es alarmante: en un momento en que los tribunales están saturados y muchos casos graves quedan relegados, el Gobierno celebra que puedan llevarse ante la Justicia muchos más procesos por expresiones consideradas ofensivas.

Uno de los objetivos explícitos de la ley es facilitar la retirada inmediata, desindexación o bloqueo de contenidos considerados problemáticos. El problema, denuncian sus críticos, es que el Gobierno francés ya viene aplicando una lógica de censura preventiva.

Un ejemplo reciente fue la prohibición de una conferencia organizada por Les Natifs sobre identidad cultural, en la que iba a participar el académico estadounidense Jared Taylor. Las autoridades justificaron la prohibición por posibles alteraciones del orden público. Para la derecha francesa, el mensaje es claro: ya no hace falta que un contenido sea ilegal; basta con que el poder lo considere potencialmente peligroso.

El influencer político Pierre Sautarel, fundador de fdesouche.com, ha advertido de las consecuencias políticas que podría tener la ley Bergé. Según él, bastaría con lograr la condena de declaraciones de figuras de derecha como Bruno Retailleau o Jordan Bardella para intentar dejarlas fuera de la competición electoral mediante una pena de inhabilitación.

La iniciativa se produce en un contexto de fuerte avance de la Agrupación Nacional y de creciente nerviosismo del bloque macronista ante las presidenciales. Marine Le Pen y Jordan Bardella han consolidado a la derecha nacional como una fuerza con posibilidades reales de poder, mientras el centro liberal y la izquierda buscan nuevas fórmulas para frenar su ascenso.