El Gobierno de Italia ha dado un paso más hacia la legalización de la castración química. El pasado miércoles, el Parlamento aprobó una moción que establece la creación de un comité encargado de redactar una legislación para tratar a violadores y pedófilos con medicamentos que bloquean la producción de andrógenos. Esta medida busca reducir la posibilidad de reincidencia y sería aplicada de manera voluntaria y reversible, según lo aprobado por los legisladores.
El gobierno de Giorgia Meloni, que llegó al poder en 2022, ha puesto un fuerte énfasis en la seguridad y el orden público. Durante su mandato, su administración ha impulsado una serie de reformas legales, añadiendo nuevos delitos al código penal y endureciendo las penas. Meloni ha subrayado en repetidas ocasiones que la seguridad es una de sus principales prioridades, especialmente tras los disturbios sociales en áreas como Caivano, una ciudad cercana a Nápoles, que ha sido el centro de atención después de la condena de cinco personas por la violación de dos niñas preadolescentes.
La moción fue impulsada por la Liga, el partido conservador que forma parte de la coalición de Meloni. Esta formación ha defendido la introducción de la castración química como una medida para combatir a este tipo de delincuentes. Bajo la propuesta de la Liga, aquellos condenados por delitos sexuales podrían evitar cumplir su sentencia completa si aceptasen someterse a un tratamiento hormonal que reduciría su libido.
Matteo Salvini, líder de la Liga, celebró la aprobación de la moción como un éxito. A través de la plataforma X (antes Twitter), expresó: «¡Gran victoria para la Liga! Otro avance significativo en nuestra histórica lucha por la justicia: tolerancia cero para violadores y pedófilos».
Sin embargo, no todos están de acuerdo con la propuesta. Los grupos de oposición han calificado la iniciativa de la Liga como «extremista» y «contraria a los principios de humanidad y justicia». Simona Bonafè, diputada del Partido Democrático de centroizquierda, criticó duramente la moción, describiéndola como «inconstitucional» y argumentando que erosiona los pilares fundamentales del sistema jurídico italiano, que ha rechazado los castigos corporales desde hace siglos.
Por su parte, Enrico Borghi, miembro del partido centrista Italia Viva, expresó su rechazo en las redes sociales con un comentario sarcástico: «¿Qué sigue? ¿Alquitrán y plumas o cuerda y jabón?». La Alianza Verde de izquierdas también se sumó a las críticas, acusando a la Liga de seguir una política excesivamente punitiva.
La castración química, que consiste en la administración de fármacos que inhiben la producción de testosterona y reducen el deseo sexual, ya es permitida en algunos países, como Rusia, Polonia y ciertas regiones de Estados Unidos para algunos delitos específicos. Sin embargo, la efectividad de este tratamiento ha sido cuestionada, con expertos señalando que puede provocar efectos secundarios tanto físicos como psicológicos. Además, diversos grupos feministas han advertido que las causas de los delitos sexuales violentos, como la violación, no responden a impulsos sexuales incontrolables, sino que están arraigadas en factores culturales y sociales.
