El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea abordará la posible oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. Sin embargo, muchos países aún desconocen el alcance político que esta medida puede tener en España. La propuesta, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras las exigencias de Junts depende de que ningún Estado miembro se oponga de forma explícita.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lidera esta operación diplomática, con la implicación directa del propio presidente del Gobierno. No obstante, el Gobierno de Giorgia Meloni, con Antonio Tajani al frente de Exteriores, ve con recelo el movimiento de Sánchez. Tajani, que habla español y conoce bien la política española, ha expresado su disposición a apoyar el veto, pero ha advertido que no quiere ser el único país en hacerlo.
El Gobierno, por su parte, ha intensificado sus esfuerzos para lograr este reconocimiento europeo, considerado clave para cumplir con Junts. No obstante, algunos países han planteado dudas jurídicas y financieras. A pesar de que el Ejecutivo español ha prometido asumir todos los costes, algunos Estados miembros exigen garantías más sólidas.
También hay reservas por las posibles implicaciones políticas. Algunos temen que abrir la puerta a lenguas cooficiales, como las españolas, siente un precedente que pueda ser reclamado por minorías lingüísticas en otros países.