El Gobierno de Italia ha vuelto a cuestionar el rumbo climático de la Unión Europea. El jueves, la primera ministra, Giorgia Meloni, reclamó la suspensión del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) mientras se estudian nuevas reformas del mecanismo, con el objetivo de evitar que el coste de la energía continúe aumentando en el continente.
La propuesta del Ejecutivo italiano pretende detener de forma temporal el funcionamiento del mercado europeo de carbono ante el riesgo de que los precios energéticos sufran un repunte repentino. Roma considera que el actual diseño del sistema contribuye a elevar las facturas de electricidad y defiende introducir cambios que alivien la presión sobre consumidores y empresas.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno italiano para revisar algunos de los pilares de la transición verde impulsada desde Bruselas. En los últimos meses, Italia ha intensificado su presión para modificar distintas políticas climáticas europeas que, a su juicio, están generando efectos económicos negativos.
De hecho, esta ofensiva llega después de que Roma liderara una campaña que logró que las instituciones europeas rechazaran una prohibición prevista para 2035 que habría impedido la venta de nuevos vehículos de gasolina y diésel. Aquella decisión marcó un precedente en el debate sobre el calendario de la descarbonización y evidenció las tensiones dentro de la Unión Europea sobre el ritmo y las consecuencias de la agenda climática.
