El canciller alemán, Friedrich Merz, ha manifestado su apoyo a prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años en Alemania, respaldando una propuesta de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que plantea introducir un sistema obligatorio de verificación de edad para plataformas como Instagram, TikTok o Facebook.

La iniciativa será debatida en el congreso nacional de la CDU este viernes y propone fijar los 16 años como edad mínima para el uso de redes sociales, acompañada de mecanismos técnicos que obliguen a comprobar la identidad de los usuarios.

Merz defendió la medida argumentando que muchos adolescentes pasan hasta cinco horas diarias frente a la pantalla y que esta exposición afecta a su desarrollo. En declaraciones al podcast político Machtwechsel, afirmó que la socialización digital excesiva genera «déficits de personalidad y problemas de comportamiento social».

El socio de coalición, el Partido Socialdemócrata (SPD), también ha planteado restricciones similares, proponiendo incluso una prohibición total para menores de 14 años dentro de un modelo escalonado por edades. Merz mostró simpatía hacia ambas propuestas, aunque reconoció que cualquier limitación debe justificarse en términos de protección infantil.

No obstante, la propuesta abre un nuevo debate sobre el alcance de la regulación estatal en el entorno digital. La obligatoriedad de verificación de edad implicaría un mayor control sobre el acceso a plataformas digitales y podría suponer la implementación de sistemas de identificación más estrictos para millones de usuarios.

Alemania seguiría así la estela de Australia, que en diciembre de 2025 aprobó una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, imponiendo a las plataformas la obligación de impedir el registro de menores bajo amenaza de multas.

Desde el ámbito soberanista europeo, formaciones como VOX en España o CHEGA en Portugal han advertido en otras ocasiones que este tipo de iniciativas suponen un paso más hacia la hiperregulación y el control estatal del espacio digital. Ambas fuerzas sostienen que la protección de los menores no puede convertirse en excusa para implantar sistemas de verificación masiva de identidad ni para ampliar la capacidad de supervisión gubernamental sobre las redes sociales. A su juicio, la responsabilidad principal debe recaer en las familias y en la educación, no en nuevas estructuras de control promovidas desde los gobiernos y las instituciones europeas.