El Reino Unido se encamina a un salto sin precedentes en vigilancia estatal. El Gobierno laborista de Starmer ha presentado una propuesta para permitir que la policía compare imágenes de sospechosos captadas por CCTV, timbres inteligentes o cámaras de coche con fotografías de la base de datos nacional de pasaportes, que contiene más de 45 millones de rostros de ciudadanos británicos.

La medida forma parte de una consulta del Ministerio del Interior destinada a crear un marco legal que permita a todas las fuerzas policiales utilizar reconocimiento facial en tiempo real para identificar a sospechosos en calles, plazas y centros urbanos de todo tamaño, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos.

Además, el plan contempla que otros organismos públicos y empresas privadas, como cadenas comerciales, puedan emplear esta tecnología para impedir la entrada de delincuentes reincidentes.

La ministra de Policía, Sarah Jones, defendió la propuesta en una entrevista con The Telegraph, asegurando que el reconocimiento facial es «el mayor avance desde la identificación por ADN» y que ya ha ayudado a retirar a «miles de delincuentes peligrosos» de las calles. Añadió que desea una «expansión significativa» de su uso como herramienta habitual de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Organizaciones de derechos civiles alertaron de que el plan convertiría al Reino Unido en «una prisión al aire libre». Silkie Carlo, directora de Big Brother Watch, denunció que los pasaportes se transformarían en «fotos policiales para una gigantesca base de datos de vigilancia» y advirtió de riesgos masivos de identificaciones erróneas: «Esto es propio de China, no de una democracia occidental».

Actualmente, sólo nueve fuerzas policiales utilizan reconocimiento facial. La nueva propuesta busca estandarizar su uso a través de tres vertientes: Cámaras en directo en zonas de alta criminalidad. Aplicaciones móviles para identificar personas en la calle. Comparación de imágenes de escenas del crimen con bases de datos policiales.

El Ministerio del Interior ya prueba cámaras de reconocimiento facial en Holyhead (Gales) para detectar a delincuentes extranjeros deportados que intentan reentrar en el país, y estudia extender su uso a la identificación de inmigrantes ilegales fugados.

Paralelamente, Londres avanza en la creación de una base nacional biométrica de hasta 20 millones de personas registradas previamente en custodia policial, con un algoritmo más avanzado que el actual sistema.

Jones defendió también el uso de estas cámaras para crear un «entorno hostil para los delincuentes sexuales», evitando que accedan a zonas prohibidas. Insistió en que el objetivo es «proteger al público» mediante herramientas tecnológicas más agresivas.

El debate, sin embargo, divide profundamente al país. Para sus detractores, el Reino Unido avanza hacia un modelo de hipervigilancia de inspiración china; para sus defensores, se trata de un instrumento imprescindible para frenar la delincuencia creciente.