Suecia, el país pionero en políticas progresistas, está también en la vanguardia de los esfuerzos por dar marcha atrás. No cedió al pánico en el covid, obliga por ley a mantener el efectivo y ha dado marcha atrás antes que nadie en procedimientos de «reasignación de género». Ahora está haciendo otro tanto con el gran problema de su sociedad: la inmigración enloquecida procedente del Tercer Mundo.
Para empezar, está haciendo más difícil para los recién llegados convertirse en suecos. El Ministerio de Justicia ha presentado una nueva propuesta para endurecer los requisitos de ciudadanía.
El proyecto prevé que quienes deseen obtener la ciudadanía sueca deberán tengan que demostrar ingresos anuales equivalentes a un salario mensual bruto de unas 20.000 coronas suecas (aproximadamente 1.830 euros). Esta medida está pensada para «valorar la nacionalidad sueca» y garantizar que los solicitantes estén firmemente arraigados al mercado laboral.
«Recibir la ciudadanía sueca es algo de lo que uno debe sentirse orgulloso», afirmó el ministro de Inmigración, Johan Forssell. «Estamos endureciendo los requisitos para que sea más significativo y para garantizar que quienes se convierten en ciudadanos hayan hecho un esfuerzo para formar parte de nuestra sociedad».
La propuesta es parte de una estrategia más amplia apoyada por la coalición gobernante y el partido de derecha Demócratas de Suecia, que mantiene al Gobierno en el poder, y tiene como objetivo fortalecer la cohesión social. Forssell subrayó que el nuevo requisito tiene como objetivo motivar a los inmigrantes a buscar empleo y establecerse en regiones con mejores oportunidades laborales.
