Los residentes de Piddington preparan una protesta simbólica contra el proyecto
El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham.
Por LGI
12 de agosto de 2026
El Gobierno laborista británico ha defendido un plan para alojar a unos 1.200 solicitantes de asilo varones junto a Piddington, una pequeña localidad de Oxfordshire de apenas 400 habitantes, una cifra que triplica la población del municipio y que ha provocado una fuerte reacción entre los vecinos.
El proyecto del Ministerio del Interior contempla utilizar una antigua base militar situada en la zona de Bicester para albergar a hasta 1.250 personas mientras se tramitan sus expedientes de asilo.
La ministra de Fronteras, Anna Turley, ha defendido este miércoles la iniciativa argumentando que Reino Unido necesita un sistema «justo y equitativo» que reparta a los solicitantes de asilo por todo el territorio y evite que la presión se concentre exclusivamente en las zonas más pobres.
La respuesta no ha convencido a Piddington. Sus aproximadamente 400 habitantes podrían tener a escasa distancia un centro con tres veces más personas que toda la población del pueblo.
Tres solicitantes de asilo por cada vecino
La desproporción se ha convertido en el principal argumento de quienes se oponen al proyecto. Frente a los aproximadamente 400 residentes de Piddington, el antiguo recinto militar podría albergar a alrededor de 1.200 o 1.250 hombres solicitantes de asilo.
Preguntada directamente por esta diferencia, Turley respondió que los inmigrantes «no van a estar en el pueblo», sino alojados dentro de la antigua instalación militar. «Estarán en una antigua base militar», señaló durante una entrevista con LBC.
La ministra añadió inicialmente que los residentes permanecerían en unas instalaciones «contenidas» y gestionadas por las autoridades. Sin embargo, cuando fue preguntada expresamente sobre si podrían abandonar el recinto, reconoció que sí podrán salir de él.
«Se les permitirá salir, pero todo lo que necesiten estará en el lugar», afirmó. El Ejecutivo sostiene que la antigua base funcionará como una instalación autosuficiente y permitirá reducir el impacto sobre las localidades próximas.
El pueblo amenaza con celebrar un referéndum simbólico para «abandonar Reino Unido»
La oposición de los vecinos ha llegado hasta el punto de plantear una peculiar protesta. Los residentes de Piddington han votado a favor de organizar un referéndum simbólico sobre la salida del pueblo del Reino Unido como forma de expresar su rechazo al centro de acogida.
La consulta carecerá de efectos jurídicos, pero pretende llamar la atención sobre una decisión adoptada por el Gobierno que consideran completamente desproporcionada respecto al tamaño de su comunidad.
El proyecto se ha convertido así en otro foco de tensión para un Ejecutivo que intenta abandonar progresivamente el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles y trasladarlos a grandes instalaciones centralizadas, antiguas bases militares, complejos industriales y residencias de estudiantes.
Labour quiere que las zonas acomodadas «hagan su parte»
La polémica tiene además una dimensión política más amplia. El primer ministro británico, Andy Burnham, defendió que el reparto de solicitantes de asilo no puede continuar concentrándose exclusivamente en las comunidades obreras y las áreas económicamente más desfavorecidas.
«No podemos tener una situación en la que sólo las comunidades más pobres del país reciban toda la dispersión de refugiados y solicitantes de asilo», afirmó. Burnham considera que «todas las partes del país tienen que hacer su parte».
Su Gobierno pretende así modificar un modelo en el que localidades con abundancia de hoteles baratos y vivienda económica —como Blackpool— han concentrado durante años buena parte del alojamiento financiado por el Estado. La nueva estrategia llevaría ahora centros de acogida también a condados y áreas con niveles de renta superiores, como Oxfordshire.
Turley admite la «enorme carga» sufrida por otras comunidades
La ministra de Fronteras justificó el cambio precisamente por el impacto que la política migratoria ha tenido en otras localidades. Turley reconoció que ciudades como Blackpool han soportado una «enorme carga» debido a la concentración de solicitantes de asilo en hoteles y admitió que esta situación ha generado «auténticos disturbios civiles».
El Gobierno ha anunciado precisamente el cierre del alojamiento para solicitantes de asilo en el Grand Metropole Hotel de Blackpool.
La solución de Labour pasa ahora por sustituir los hoteles por instalaciones de mayor tamaño. «Estamos estudiando antiguas bases militares, antiguos recintos industriales, residencias de estudiantes y otros medios», explicó Turley.
Según el Ejecutivo, concentrar a los solicitantes de asilo en estos centros permitiría controlar mejor dónde se encuentran y reducir el coste para el contribuyente.
El Gobierno insiste en que el centro estará «gestionado»
Turley sostiene que una instalación centralizada resulta preferible a distribuir a las personas entre numerosos hoteles. «Sabemos dónde está la gente. Podemos gestionar el sistema», aseguró. La ministra ha insistido en que las instalaciones serán «seguras, mantenidas y gestionadas» y que la presencia de servicios dentro de los propios recintos debería limitar los desplazamientos hacia las comunidades cercanas.
Sin embargo, la propia responsable de Fronteras confirmó que los solicitantes de asilo no estarán privados de libertad y podrán abandonar las instalaciones.
Esa circunstancia constituye precisamente una de las principales preocupaciones de los vecinos de Piddington ante la posibilidad de que el centro llegue a albergar a una población equivalente a tres veces la de todo su municipio.
Un récord de 230 personas en una sola embarcación
La polémica coincide con la persistencia de las llegadas a través del Canal de la Mancha. A comienzos de esta semana, una sola embarcación transportó hasta las costas británicas a 230 personas, el mayor número registrado hasta ahora en una única patera en esta ruta.
Turley asegura que, en términos generales, las travesías en pequeñas embarcaciones han descendido alrededor de un 40% y ha prometido que el Gobierno «redoblará» sus esfuerzos contra las redes de tráfico de personas.
La ministra atribuye el creciente número de ocupantes en algunas embarcaciones a la presión sobre las organizaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes, que estarían concentrando a más personas en cada salida. El problema político, sin embargo, no termina cuando las embarcaciones llegan a las costas.
El Gobierno necesita posteriormente alojar a decenas de miles de solicitantes mientras decide sobre sus expedientes, y su nueva estrategia amenaza con trasladar el conflicto migratorio desde los hoteles de las grandes ciudades hasta localidades mucho más pequeñas.