El grupo Patriotas por Europa ha conseguido una gran victoria política al aprobarse la Directiva Ómnibus I en el Parlamento Europeo. La nueva norma representa un punto de inflexión en la agenda climática de la Unión Europea y supone el primer desmantelamiento legislativo del Pacto Verde impuesto por la mayoría globalista.
El cambio más significativo introducido por la directiva es que las pequeñas y medianas empresas (pymes) quedan completamente exentas del marco obligatorio de sostenibilidad, lo que pone fin a las cargas administrativas, los costes de cumplimiento y los informes forzados que durante los últimos años han asfixiado al tejido productivo europeo.
Además, se eliminan los «planes de transición climática» obligatorios y se suspende el régimen sancionador automático gestionado por la Comisión Europea, que hasta ahora penalizaba directamente a las empresas por supuestos incumplimientos medioambientales sin margen de aplicación por parte de los Estados miembros.
Las decisiones sobre política industrial, fiscalidad ecológica y transición energética regresarán ahora a los Estados miembros, restaurando así competencias esenciales que habían sido absorbidas por los burócratas de Bruselas.
La eurodiputada francesa Pascale Piera, ponente del texto, ha celebrado la aprobación de la directiva y ha defendido su impacto positivo: «Esta votación devuelve el sentido común a la política europea. Durante años se ha castigado a nuestros agricultores, transportistas, fabricantes y autónomos en nombre de una ideología impuesta desde la Comisión. Hoy, por fin, el Parlamento ha dicho basta».
Piera ha recordado que el objetivo del grupo sigue siendo derogar por completo el Pacto Verde y sustituirlo por una política basada en el crecimiento económico, la seguridad energética y el liderazgo tecnológico europeo.
En países como España, donde las pymes representan más del 99% del tejido empresarial, el impacto de la nueva norma será inmediato. Cientos de miles de empresas quedan liberadas de cargas regulatorias que habían sido impuestas sin consenso nacional y sin evaluación real de su impacto económico.
La derogación del régimen sancionador automático, gestionado por la Comisión a través de procedimientos administrativos centralizados, representa además un freno a la deriva punitiva y tecnocrática del proyecto europeo, y restaura la soberanía normativa de los parlamentos nacionales.
La directiva ha sido aprobada gracias a una nueva mayoría en la Eurocámara, formada por Patriotas por Europa, ECR, ESN y una parte significativa del PPE, que ha roto el cordón sanitario y ha conseguido reabrir el debate sobre el modelo económico de la Unión y poner fin al consenso progre-globalista en materia ambiental.
Patriotas por Europa considera esta votación como el primer paso hacia una Europa que recupere su base industrial, proteja a sus productores y defienda su soberanía energética frente a los intereses de las élites burocráticas.
