El director ejecutivo de la Ash Shahada Housing Association (ASHA) ha sido acusado ante el High Court of Justice de haber intentado sobornar a una concejal del Ayuntamiento de Birmingham en el marco de una operación inmobiliaria valorada en 10 millones de libras, según informa el diario inglés The Telegraph.

La demanda civil sostiene que Toaha Qureshi y su hijo, Umar Mahmood —subdirector ejecutivo de la entidad— habrían ofrecido «pagos generosos bajo la mesa» a la concejal Morriam Jan para que no cuestionara el uso de los fondos aprobados por el consejo de administración.

El procedimiento judicial también recoge acusaciones de adjudicación de contratos y viviendas a familiares del director, así como la existencia de una red de empresas vinculadas al entorno familiar que habría recibido encargos por decenas de miles de libras mientras los acusados mantenían el control ejecutivo de la asociación.

ASHA, que se define como la primera asociación de vivienda liderada por musulmanes en el Reino Unido, factura cerca de 47 millones de libras anuales, gran parte procedente de ayudas públicas destinadas a alojamiento para personas vulnerables.

El modelo de «alojamiento exento» gestionado por la entidad ha sido objeto de críticas en el Reino Unido por la falta de supervisión y el elevado volumen de fondos públicos implicados. En 2021, el regulador de vivienda social declaró a la asociación en situación de incumplimiento respecto a ciertos estándares de gobernanza.

En 2022, el Ayuntamiento de Birmingham habría abonado 27,5 millones de libras a la entidad por este tipo de alojamiento. Qureshi —condecorado con la MBE en 2010 por servicios a la comunidad— y su hijo niegan categóricamente cualquier irregularidad y han anunciado que presentarán una defensa firme frente a las acusaciones, que califican de falsas y difamatorias.

El caso, actualmente en tramitación judicial, podría tener implicaciones relevantes para la supervisión de entidades financiadas con fondos públicos en el ámbito de la vivienda social británica.