El islamista radical Ahmad Abdulaziz Abdullah A., más conocido como Abu Walaa y considerado durante años el cabecilla del Estado Islámico en Alemania, ha emprendido una batalla judicial para impedir su deportación a Irak. Pese a haber sido condenado a diez años y medio de prisión por pertenecer a una organización terrorista, el iraquí, encarcelado desde 2016, se aferra al sistema legal alemán para evitar su regreso a su país de origen.
Las autoridades alemanas quieren deportarlo a Irak una vez cumpla su condena, prevista para 2027. En respuesta, Abu Walaa ha presentado una demanda contra la revocación de su permiso de residencia, ya denegado en un procedimiento acelerado por representar una «amenaza para la seguridad nacional». El tribunal respaldó al distrito de Viersen, que ya había solicitado su expulsión. La vista principal se celebrará este miércoles en el Tribunal Administrativo de Düsseldorf, donde será trasladado desde prisión.
Este líder islamista, que ingresó en Alemania en 2001 y solicitó asilo, alega ahora que no puede ser deportado porque teme enfrentarse a la pena de muerte en Irak y porque tiene siete hijos. Hasta que se resuelva su situación, sólo puede residir en una ciudad y debe presentarse diariamente ante la policía.
Abu Walaa fue arrestado en noviembre de 2016, tras años de vigilancia por parte de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. Sólo pudo ser imputado tras el testimonio del testigo clave Anil O., que lo acusó de reclutar yihadistas desde una mezquita en Hildesheim. En el momento de su detención, contaba con 25.000 seguidores en Facebook y estaba enfrentado públicamente a otros salafistas como Pierre Vogel.
No sólo lideraba una red extremista, sino que además tenía vínculos con el terrorista Anis Amri, autor del atentado con camión en el mercado navideño de Breitscheidplatz en Berlín, que dejó 13 muertos.
Pese a todo ello, el sistema judicial alemán aún debate si este cabecilla del islamismo radical puede o no ser deportado. Un caso más que refleja hasta qué punto la burocracia y los vacíos legales permiten a individuos peligrosos prolongar su estancia en suelo europeo.
