El líder de Reform UK, Nigel Farage, ha prometido prohibir la concesión de visados a ciudadanos de países que exijan reparaciones económicas al Reino Unido por la esclavitud, en una medida que refuerza su discurso soberanista frente a la presión internacional.

La propuesta, confirmada por el portavoz de Interior del partido, Zia Yusuf, implicaría cerrar el acceso al país a nacionales de Estados que reclaman compensaciones que algunos activistas cifran en hasta 18 billones de libras si Reform UK llegara al poder.

Desde la formación denuncian que cada vez más países exigen indemnizaciones mientras ignoran el papel histórico de Reino Unido en la abolición del comercio de esclavos, así como décadas de ayudas económicas y concesión de visados.

Entre los países que han respaldado estas reclamaciones figuran Nigeria, Jamaica, Kenia o Barbados, además de un bloque de 55 Estados de la Unión Africana que promueve lo que denominan «justicia reparadora», incluyendo compensaciones económicas y disculpas formales de las antiguas potencias coloniales.

El debate ha cobrado fuerza tras una reciente resolución de la Organización de las Naciones Unidas que calificó la esclavitud como el «crimen más grave contra la humanidad» y abrió la puerta a discutir reparaciones. Reino Unido se abstuvo en la votación.

Farage ha rechazado de plano estas iniciativas, subrayando que organismos internacionales no tienen autoridad para imponer pagos a un Estado soberano, y ha enmarcado la polémica dentro de una ofensiva más amplia contra la independencia nacional.

La controversia también ha evidenciado divisiones en la política británica. El primer ministro Keir Starmer ha descartado tanto compensaciones como disculpas oficiales, aunque sectores del Partido Laborista sí se han mostrado favorables a abrir el debate.

Más allá de la disputa política, desde Reform UK insisten en recordar que Reino Unido abolió la esclavitud en 1833 y lideró posteriormente operaciones navales para combatir el tráfico transatlántico, liberando a decenas de miles de africanos. En este contexto, la propuesta de Farage busca redefinir los términos del debate: no como una cuestión histórica, sino como un pulso contemporáneo entre soberanía nacional y presión internacional.