La cruzada climática de Bruselas, encabezada por Ursula von der Leyen, está dejando tras de sí una estela de industrias europeas debilitadas. La última víctima de sus políticas es el sector automovilístico, uno de los pilares tradicionales de la economía del continente. El sistema de cuotas de CO₂, concebido como una herramienta para reducir emisiones y fomentar la innovación, se ha convertido en un mecanismo que castiga a los fabricantes europeos mientras financia indirectamente a sus competidores internacionales.
El sistema, vigente desde 2020, impone a cada marca un límite de emisiones promedio para sus vehículos nuevos: 95 gramos de CO₂ por kilómetro. Si una empresa supera ese umbral, debe pagar una multa de 95 euros por cada gramo excedido y por coche vendido, o bien comprar «créditos de carbono» a otros fabricantes más limpios. En teoría, esta fórmula de «cap and trade» debería incentivar la eficiencia; en la práctica, ha creado un lucrativo mercado de compraventa de permisos que distorsiona la competencia.
Tesla, por ejemplo, ha sido la gran beneficiada del modelo. Entre 2019 y 2021, el grupo Fiat Chrysler (hoy Stellantis) le transfirió cientos de millones de euros en créditos de CO₂ para evitar sanciones. En 2021, casi el 20% de los ingresos de Tesla procedían exclusivamente de estas ventas. Dicho de otro modo: las compañías europeas han estado financiando la expansión de una multinacional estadounidense que ahora amenaza con devorarlas en su propio terreno.
Pero no es el único caso. Reuters ha informado que, a partir de 2025, fabricantes como Stellantis, Toyota, Ford, Mazda o Subaru volverán a agruparse con Tesla para sortear las nuevas restricciones. Según cálculos del portal ESG News, sin la posibilidad de recurrir a esos «agrupamientos», los fabricantes europeos podrían enfrentarse a multas superiores a 15.000 millones de euros en solo un año.
Mientras tanto, China, Marruecos y otros países extracomunitarios avanzan posiciones. Las inversiones y subsidios europeos, paradójicamente, están ayudando a que las plantas de producción y las nuevas marcas eléctricas se trasladen fuera del continente. En el norte de África, Marruecos se está convirtiendo en un centro de ensamblaje para vehículos eléctricos gracias a la financiación europea y a la transferencia de tecnología que antes se generaba dentro de la UE.
El resultado es una paradoja que muchos analistas califican de suicidio económico. Las políticas verdes de Von der Leyen, en lugar de fortalecer a los fabricantes europeos, han terminado por premiar a los rivales más contaminantes y por castigar la competitividad interna. La Unión Europea presume de liderazgo climático, pero cada año que pasa depende más de las importaciones asiáticas y del ensamblaje en terceros países.
La Comisión Europea defiende que el sistema de cuotas ha logrado reducir las emisiones medias de los vehículos nuevos en torno a un 28% desde 2019. Sin embargo, esa cifra oculta el verdadero problema: el descenso no proviene de un salto tecnológico interno, sino de la capacidad de las marcas para comprar tiempo y trasladar sus obligaciones fuera del continente.
En definitiva, la política climática de Bruselas —tan ambiciosa en el papel como torpe en la ejecución— está erosionando uno de los sectores más estratégicos para Europa. Lo que nació como una «revolución verde» amenaza con convertirse en un colapso industrial de proporciones históricas.
