La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, pretende reducir aún más las partidas presupuestarias destinadas a la PAC (Política Agrícola Común) y fortalecer el poder de Bruselas sobre sus Estados miembro mientras concederá 50.000 millones de euros adicionales a Ucrania hasta 2027. Ese dinero no procederá de nuevos recursos, sino de la reasignación de fondos ya existentes, lo que supondrá un golpe directo para las regiones agrícolas y los programas de cohesión que hasta ahora buscaban equilibrar el desarrollo entre las distintas zonas de la Unión.
El borrador del Marco Financiero Plurianual 2028–2034 revela un cambio de prioridades: menos apoyo a agricultores y regiones desfavorecidas, y más poder discrecional para la Comisión, que con nuevos «mecanismos de emergencia» podrá redirigir fondos en caso de crisis sin consultar al Consejo ni al Parlamento. Este giro es interpretado por muchos gobiernos nacionales como un ataque frontal a la legitimidad democrática, ya que las decisiones clave quedarán en manos de un reducido núcleo de burócratas en Bruselas y se tomarán a puerta cerrada.
Los países y territorios que más perderán con este planteamiento son los del sur y el este de Europa. Agricultores de España, Portugal, Italia, así como Polonia, Hungría o Rumanía, verán reducidos los fondos con los que hasta ahora podían sostener la competitividad de sus explotaciones. Incluso en regiones periféricas del norte —como Irlanda, los Estados bálticos o el este de Alemania— se teme que las explotaciones familiares y los proyectos de desarrollo local queden marginados.
La Comisión defiende su plan como «una adaptación a un mundo en crisis», pero sus críticos aseguran que se está sacrificando la cohesión interna de la Unión en nombre de la política exterior. De hecho, se alerta de que la justificación de «emergencia» es tan amplia que podría servir de excusa para desviar dinero hacia conflictos externos o hacia prioridades políticas de la propia Von der Leyen.
Además, la congelación o reducción real de la PAC contrasta con el incremento de costes que sufren los agricultores por insumos más caros y por las exigencias medioambientales que impone Bruselas. Muchos analistas advierten que, al desatender al campo, la UE condena a miles de pequeñas explotaciones al cierre y acelera la despoblación rural.
Lo que está en juego va más allá de un simple presupuesto: se cuestiona el rumbo de la integración europea. Si este plan sale adelante, Bruselas ganará un poder sin precedentes para decidir en qué se gastan los impuestos de los ciudadanos europeos, mientras que las comunidades rurales y los Estados miembros más vulnerables se verán relegados a un segundo plano.
