«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
el gobierno de starmer rechaza una investigación a nivel nacional

El padre de una de las víctimas de Rotherham: «Se han investigado apenas seis ciudades, pero hay muchas más»

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. Paul Grover

El caso de las bandas de abuso sexual infantil en Reino Unido, uno de los mayores escándalos en la historia reciente del país, vuelve a ocupar titulares después de que el dueño de X, Elon Musk, haya señalado directamente al primer ministro del país, Keir Starmer, y le haya acusado de haber encubierto estos crímenes durante su gestión como fiscal jefe (2008-2013).

Entre 1997 y 2013, redes de proxenetas, formadas en su mayoría por hombres de origen pakistaní, captaron y abusaron de al menos 1.400 niñas en ciudades como Rotherham, Rochdale y Oldham. Muchas de estas menores fueron explotadas sexualmente, trasladadas a otras localidades y sometidas a violaciones sistemáticas.

El periodista Andrew Norfolk, en un reportaje de 2011 para el Times of London, destapó lo que denominó «una cultura del silencio». Según Norfolk, las autoridades locales no actuaron por temor a ser acusadas de racismo, ya que los agresores compartían una misma procedencia étnica y religiosa.

Un informe independiente encargado en Rotherham en 2014 confirmó las omisiones de la Policía y los políticos locales, calificándolas de «flagrantes». Las víctimas habían sido ignoradas y los responsables de protegerlas, tanto agentes como dirigentes, se habían mostrado reticentes a intervenir por motivos políticos y culturales.

El regreso del caso al debate público ha sido impulsado por Musk, quien acusó al Gobierno de Starmer de bloquear de forma deliberada una investigación nacional. «Ocultan cosas terribles», afirmó el magnate, señalando que el Ejecutivo se niega a permitir una revisión exhaustiva de estos crímenes por razones políticas.

La oposición presentó una propuesta para abrir una pesquisa nacional sobre estas bandas, pero el Gobierno la rechazó en el Parlamento. «Es increíble que se nieguen a buscar justicia para las víctimas», expresó Musk tras la votación.

«Durante mis cinco años como fiscal jefe, procesamos más casos de abuso sexual infantil que nunca antes», argumentó en respuesta Starmer, defendiendo su historial y condenando a «quienes difunden mentiras y desinformación».

La negativa del Gobierno a reabrir las investigaciones ha indignado a víctimas, activistas y figuras políticas. Sammy Woodhouse, una de las víctimas, compartió públicamente los nombres de los diputados que votaron en contra de la propuesta y exigió que se responsabilice a todos los involucrados en la omisión de estos crímenes. «Es necesario investigar a fondo a todos los ayuntamientos, cuerpos policiales y políticos que sabían lo que ocurría y no actuaron«, afirmó Woodhouse, ahora activista contra el abuso infantil.

El padre de otra víctima en Rotherham también ha pedido una revisión nacional: «Se han investigado apenas seis ciudades, pero hay muchas más. La gente merece saber qué les está ocurriendo a nuestros hijos».

El Partido Conservador y Reform UK han insistido en la necesidad de una investigación pública nacional. La líder conservadora Kemi Badenoch ha criticado que «nadie haya conectado los puntos entre los distintos casos» y ha declarado que 2025 debe marcar un punto de inflexión para lograr justicia. Por su parte, Nigel Farage, de Reform UK, ha citado una encuesta que indica que el 76% de los británicos apoya una nueva pesquisa nacional.

Sin embargo, el Gobierno de Starmer mantiene que las ciudades afectadas deben gestionar sus propias investigaciones. En Oldham, el consejo local ya ha iniciado una pesquisa independiente, aunque persisten las críticas por la falta de una respuesta coordinada a nivel nacional.

A pesar de los arrestos y avances realizados desde la creación de un grupo de trabajo en 2023, que identificó 4.000 víctimas y realizó más de 500 detenciones, las heridas del escándalo permanecen abiertas. Las demandas de justicia, responsabilidad y transparencia continúan creciendo, mientras el debate político amenaza con polarizar aún más a la sociedad británica.

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