La presidenta de la Comisión de Investigación sobre el abuso sexual infantil en Rotherham, Alexis Jay, ha revelado impactantes detalles sobre uno de los casos más graves de explotación infantil en Reino Unido. Entre 1997 y 2013, se estima que al menos 1.400 niños fueron víctimas de abuso sexual en esta localidad del norte de Inglaterra. El informe describe un patrón sistemático de violencia y negligencia por parte de las instituciones encargadas de proteger a los menores.
Jay subrayó que un tercio de las víctimas ya eran conocidas por los servicios sociales, debido a su situación de vulnerabilidad, mientras que la mayoría provenían de familias estables y preocupadas que no lograron obtener ayuda de las autoridades cuando denunciaron los abusos. A pesar de las reiteradas alertas, las instituciones, incluida la policía, fallaron en proteger a los menores y en investigar adecuadamente los casos denunciados.
El informe detalla abusos sistemáticos y actos de extrema violencia. Niños, algunos de tan solo 11 años, fueron víctimas de violaciones múltiples, secuestros, intimidación y amenazas. En algunos casos, las víctimas eran llevadas a otras ciudades, donde se las forzaba a participar en actos sexuales bajo amenazas de muerte. La comisión también identificó patrones específicos, como la implicación de algunos taxistas que recogían a las niñas, las llevaban ante los perpetradores y las devolvían a sus actividades escolares como si nada hubiera pasado.
Jay enfatizó que este no es un caso aislado en Rotherham, sino que refleja un problema extendido en otras partes de Inglaterra. La falta de respuesta de las autoridades locales y nacionales permitió que estos crímenes ocurrieran durante años, dejando a cientos de víctimas desprotegidas.
Otro aspecto controvertido es el trato institucional hacia adolescentes de entre 15 y 16 años, quienes fueron descartadas por ser consideradas «demasiado mayores» o «no atractivas» por los abusadores. Este prejuicio, según el informe, agravó aún más la incapacidad de las instituciones para responder al problema.
Aunque las investigaciones han puesto de manifiesto la implicación de bandas organizadas, principalmente compuestas por hombres de origen pakistaní, el informe subraya que el problema no se limita a un grupo étnico, sino a fallos estructurales en los sistemas de protección infantil. Alexis Jay llamó a una acción inmediata para reformar estas instituciones y garantizar que nunca se repita un caso de esta magnitud.
La comunidad internacional exige justicia, mientras las víctimas, sus familias y la sociedad británica esperan que este caso marque un antes y un después en la lucha contra la explotación infantil y en la responsabilidad institucional frente a estos crímenes atroces.
