El Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo ha aprobado hoy martes un procedimiento acelerado que allana el camino para suavizar temporalmente las exigencias medioambientales impuestas a los fabricantes de automóviles. Esta medida, que será sometida a votación definitiva el jueves 8 de mayo, busca ofrecer un respiro a una industria automotriz golpeada por la transición energética y los efectos colaterales de los aranceles impuestos por Estados Unidos.
La propuesta modifica el reglamento climático vigente desde 2023 y permite agrupar los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono en un único bloque trienal, en lugar de evaluarlos año a año. De este modo, los años 2025 y 2026 se acumulan en un único plazo de cumplimiento que se extenderá hasta finales de 2027. El objetivo: proporcionar a los fabricantes una mayor capacidad de adaptación a las exigencias ambientales sin el riesgo de penalizaciones inmediatas.
El cambio ha contado con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, con excepción de Los Verdes y La Izquierda, que consideran esta relajación un paso atrás en el camino hacia la neutralidad climática. Según estos grupos, la presión normativa ha sido precisamente el motor que empujó a los fabricantes europeos a apostar por la innovación frente al avance imparable de los vehículos eléctricos chinos.
Desde los partidos soberanistas, el mensaje fue claro: esta moratoria no es suficiente. Jordan Bardella, líder del grupo Patriotas por Europa (PfE), calificó la medida de «remiendo inútil» y pidió una revisión completa de la estrategia ecológica europea. A su juicio, la supresión progresiva de los motores de combustión es una imposición «desconectada de la realidad» industrial y un reflejo de una política basada en el decrecimiento económico. «Nuestra receta es sencilla: volver a crecer, volver a producir», sentenció.
En una línea similar, representantes de los grupos ECR y ESN reclamaron la eliminación de las metas de emisiones para vehículos pesados, un segmento en el que Europa aún no dispone de una oferta eléctrica viable. Aseguran que mantener esos requisitos supone una carga irreal y contraproducente para la industria.
Por su parte, los eurodiputados de la llamada coalición Ursula —que agrupa a populares, socialdemócratas y liberales— admitieron que se trata de una cesión no deseada, aunque necesaria en un contexto de dificultades económicas. Gerben-Jan Gerbrandy, en representación del grupo liberal Renew, señaló que aunque no es motivo de celebración, no se puede ignorar el impacto que una presión normativa desproporcionada tiene sobre la viabilidad de los fabricantes europeos.
