Fue ganar las elecciones polacas el globalista Donald Tusk —al frente de una coalición Frankenstein cogida con alfileres— y empezar a correr por las redes vídeos nunca vistos antes en el país, de inmigrantes procedentes del Tercer Mundo irrumpiendo en la vida nacional. Polonia, era el veredicto común, había caído y ya sólo quedaba Hungría.
Pero el partido gobernante hasta la llegada de Tusk, Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) no está por la labor de que el nuevo Ejecutivo destruya en poco tiempo lo que tantos enfrentamientos con Bruselas le ha costado a Polonia mantener. Así que el PiS ha anunciado que va a recoger firmas para un referéndum destinado a denunciar el pacto migratorio de la Unión Europea. El líder del partido, Jarosław Kaczyński, declaró la iniciativa durante un discurso en una convención del partido en Pułtusk, en el centro de Polonia.
Centrando gran parte de su discurso en los desafíos en las fronteras de Polonia con Bielorrusia y Alemania, Kaczyński destacó las debilitadas medidas de seguridad bajo el Gobierno actual. También criticó la entrada de activistas que ayudan a los inmigrantes enviados por las autoridades bielorrusas. «Hoy la frontera está menos defendida que bajo el Gobierno del PiS», dijo a sus partidarios.
«La moral ha disminuido efectivamente. A pesar de haber creado una zona de protección, se permite la entrada a los llamados activistas, que ayudan a los inmigrantes a cruzar ilegalmente la frontera. Es completamente absurdo. A los aliados de hecho de Putin y Lukashenko se les dan pases… ¿Y qué hace el ministro de Defensa? Les pide que dejen de hacerlo».
Kaczyński subrayó la necesidad de un referéndum. Que, por cierto, tendría muchas probabilidades de ganarse, ya que una encuesta publicada el sábado por el periódico Rzeczpospolita, el 58,6% de los polacos respondió afirmativamente a la pregunta «¿cree usted que Polonia se ve amenazada por una mayor afluencia de inmigrantes debido a la adopción del pacto migratorio por parte de la Unión Europea?».
Un número significativamente menor, sólo el 20,5% de los encuestados, respondió negativamente. Mientras tanto, un 14,4% no tenía opinión alguna y un 6,5% no había oído hablar en absoluto del pacto migratorio.
El pacto migratorio de la UE estipula que los estados miembros deben elegir entre aceptar inmigrantes o realizar un pago llamado «contribución de solidaridad». Los contribuyentes tendrían que pagar 20.000 euros por cada inmigrante ilegal que una nación rechace. Los medios de comunicación y los políticos a veces se refieren al proceso de «aceptar o pagar» como «solidaridad voluntaria».
