
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha anunciado que vetará la ley impulsada por el Gobierno de Donald Tusk para reconocer derechos a las parejas homosexuales mediante contratos civiles ante notario.
El Parlamento polaco aprobó el pasado 29 de mayo un proyecto legislativo promovido por el Ejecutivo que permitiría a parejas del mismo sexo suscribir un acuerdo notarial con efectos legales similares a algunos derechos propios del matrimonio. Entre ellos figuran el régimen de propiedad conjunta, la tributación conjunta, el acceso a información médica de la pareja, exenciones en impuestos de sucesiones y donaciones y la posibilidad de decidir sobre el entierro del otro miembro de la pareja en caso de fallecimiento.
Polonia no reconoce el matrimonio homosexual. Su Constitución define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, una fórmula que ha sido defendida durante años por la derecha polaca, el mundo conservador y la Iglesia católica frente a los intentos de introducir nuevas figuras jurídicas inspiradas en la agenda LGBT.
Para Nawrocki, la ley del Gobierno de Tusk supone precisamente una vía indirecta para abrir la puerta al matrimonio homosexual bajo otro nombre. El presidente considera que la norma crearía «una forma alternativa de matrimonio» y que, por tanto, entraría en contradicción con el espíritu constitucional polaco.
Paweł Szefernaker, alto asesor del jefe del Estado, confirmó que Nawrocki no firmará la ley. «No hay ni habrá consentimiento del presidente para la introducción o legalización de las uniones civiles», afirmó.
Posteriormente, el propio Nawrocki reiteró que no avalará ninguna legislación que, a su juicio, debilite el estatus singular del matrimonio. «No firmaré una ley que cree una forma alternativa de matrimonio y que socave la Constitución polaca», señaló.
El presidente, no obstante, dejó abierta la puerta a soluciones administrativas para personas con vínculos cercanos siempre que no impliquen presión ideológica ni un intento de rebajar la protección constitucional del matrimonio. «Si encontramos soluciones que ayuden a quienes tienen una relación estrecha a funcionar formal y administrativamente, sin traer presión ideológica ni intentos de socavar el estatus único del matrimonio, firmaré una ley así», indicó, sin ofrecer más detalles.
El veto será efectivo, ya que la coalición gobernante no cuenta con la mayoría de tres quintos necesaria para anular una decisión presidencial. Cambiar la Constitución exigiría, además, una mayoría aún más amplia de dos tercios.
La norma aprobada por el Parlamento fue fruto de un difícil compromiso dentro de la coalición de Tusk. La izquierda presionaba para avanzar hacia el matrimonio homosexual, mientras que el Partido Popular Polaco, de perfil más conservador en cuestiones culturales, mantenía recelos ante la expansión de los derechos LGBT.
La ministra de Igualdad, Katarzyna Kotula, del partido de izquierda, dejó claro que la ley era sólo un primer paso. En redes sociales se dirigió a la comunidad LGBT para admitir que el avance le parecería insuficiente a ese colectivo, pero lo presentó como una señal política de cara a las próximas elecciones.
«Querida comunidad LGBT, sé que esto es demasiado poco para vosotros. Pero tenéis muchos aliados en el Parlamento y en el Gobierno que siempre lucharán por vosotros. Y esta votación nos recordará para siempre que los derechos de la comunidad LGBT son derechos humanos», afirmó.
El Gobierno de Tusk ya intentó el año pasado aprobar una ley favorable a la agenda LGBT mediante la creación de una categoría protegida frente a los llamados delitos de odio, pero la medida fue vetada por el jefe del Estado.
La oposición conservadora, encabezada por Ley y Justicia —PiS— y Confederación, ha pedido a Nawrocki que vete también esta nueva ley sobre uniones civiles. Ambos partidos consideran que se trata de una estrategia gradual para introducir el matrimonio homosexual en Polonia sin modificar formalmente la Constitución.
El debate se produce además después de que el Gobierno polaco empezara a reconocer matrimonios homosexuales celebrados en otros países de la Unión Europea, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Varsovia y Breslavia fueron las primeras ciudades en transcribir esas uniones extranjeras al registro civil polaco, mientras el Ejecutivo aprobó una regulación para que las oficinas del registro puedan reconocerlas.
Sin embargo, persiste la incertidumbre jurídica sobre los efectos reales de ese reconocimiento dentro de Polonia, ya que la legislación nacional no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Preguntada por si una pareja homosexual cuyo matrimonio extranjero hubiera sido inscrito en Polonia podría divorciarse en el país, Kotula reconoció que ni ella ni el Gobierno habían estudiado todavía esa cuestión.
Otro punto especialmente delicado es la adopción. En Polonia, este derecho está vinculado al matrimonio, pero no existe apoyo social ni político amplio para extenderlo a parejas homosexuales.
La Iglesia católica y la derecha polaca mantienen una fuerte oposición a la expansión de la agenda LGBT. El líder de PiS, Jarosław Kaczyński, pidió recientemente resistir lo que define como «ideología LGBT» y defender las condiciones adecuadas para la crianza de los hijos: una familia con padre y madre.