El príncipe de Mónaco, Alberto II, ha anunciado que no impulsará la iniciativa legislativa que buscaba legalizar el aborto en el principado, una decisión que frena la reforma aprobada el pasado mes de mayo por el Consejo Nacional. Aquel proyecto, respaldado por una amplia mayoría parlamentaria, planteaba autorizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12, ampliar a 16 semanas el límite en casos de violación y rebajar de 18 a 15 años la edad mínima para prescindir del consentimiento parental.

Pese al respaldo político casi unánime y a que el debate llevaba años sobre la mesa, el soberano ha optado por mantener la normativa actual. En declaraciones al diario Monaco-Matin, Alberto II subrayó que comprende la delicadeza de la cuestión, pero considera que la regulación vigente refleja adecuadamente la identidad del principado y el papel central que la religión católica ocupa en su vida institucional. Aseguró, además, que el modelo actual permite proporcionar un acompañamiento «seguro y más humano» a las mujeres afectadas.

En Mónaco, donde el catolicismo es confesión oficial del Estado, el aborto continúa prohibido de manera general. Sólo desde 2009 se permite en situaciones muy concretas: violación, grave riesgo para la salud de la madre o malformaciones incompatibles con la vida. Aunque en 2019 se eliminó la sanción penal para las mujeres que abortan, la intervención sigue sin estar legalizada fuera de esos supuestos excepcionales.

La decisión del príncipe supone, en la práctica, dejar sin recorrido una reforma largamente esperada por diversos sectores sociales.