El Tesoro británico ha admitido que los inmigrantes ilegales seguirán siendo alojados en hoteles y otras instalaciones temporales durante los próximos años. Así lo reconoce en un documento oficial que, lejos de plantear soluciones reales a la invasión de pateras que sufre el país, se resigna ante la situación y ordena al Ministerio del Interior que reduzca costes buscando proveedores más baratos y frene el lucro de las empresas privadas implicadas en la gestión.
La nueva Oficina de Eficiencia del Gasto Público (OVfM) ha iniciado una auditoría centrada en el gasto del Ministerio del Interior, que tiene que hacer frente a un coste diario de 5,5 millones de libras por alojar a más de 38.000 ilegales en hoteles. A esto se suman más de 65.000 que ocupan pisos, casas o estudios distribuidos en distintas zonas del país.
El documento reconoce que la «inestabilidad global» hace inevitable que los inmigrantes ilegales sigan llegando al Reino Unido, y señala que la presión sobre la oferta de vivienda agravará aún más el problema. Mientras tanto, el supuesto plan de construir 1,5 millones de viviendas antes de 2029 se presenta como una promesa de futuro que no resuelve el desastre actual.
La situación ha generado beneficios récord para las empresas que gestionan este negocio. Serco, Clearsprings Ready Homes y Mears, las tres grandes contratistas del Ministerio del Interior, han disparado sus ganancias desde que asumieron los contratos de alojamiento. Aunque el beneficio por persona está teóricamente limitado, el número creciente de inmigrantes ha multiplicado sus ingresos. Clearsprings, por ejemplo, subcontrata parte de su actividad a Stay Belvedere Hotels, cuya última cuenta anual refleja un beneficio superior a los 50 millones de libras. Mears también superó los 50 millones en beneficios, un 25% más que el año anterior, y Serco alcanzó los 249 millones.
El coste por inmigrante ilegal ha pasado de 17.000 a 41.000 libras anuales entre 2020 y 2024. Según la Oficina Nacional de Auditoría, alojarlos en hoteles cuesta más de diez veces que ofrecerles viviendas de dispersión. Aun así, el uso de hoteles no ha dejado de crecer.
Y mientras el negocio se dispara, las consecuencias sociales se agravan. El propio Tesoro reconoce que alojar a niños y familias en hoteles tiene un «impacto perjudicial», pero no hay intención de cambiar los contratos vigentes, firmados en 2019 por valor de 4.600 millones de libras durante diez años. Aunque existe una cláusula que permitiría renegociarlos o cancelarlos, fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que no se activará.
El sistema se sostiene sobre una red de intermediarios que gestionan reservas y servicios de alojamiento para inmigrantes ilegales y que también se lucran con dinero público. Una investigación de The Sunday Times ha revelado que es precisamente en estos niveles intermedios donde se produce el mayor aprovechamiento económico de la crisis.
Una fuente gubernamental ha reconocido al diario The Times que estos contratos fueron ampliados de forma improvisada tras la pandemia, sin estar preparados para soportar el gasto actual. Aun así, sólo se contempla, a largo plazo, sustituirlos por acuerdos «más adecuados» que controlen mejor el gasto y el rendimiento.
Mientras tanto, los contribuyentes siguen financiando el alojamiento de inmigrantes en hoteles de todo el país, y las empresas implicadas continúan amasando beneficios gracias a una política que ha convertido una crisis migratoria en un negocio millonario.
