La Corte de Casación de Bélgica ha desestimado el recurso presentado por el expresidente catalán y prófugo de la justicia Carles Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluis Puig y Meritxel Serret, confirmando así la decisión inicial de la Justicia belga de rechazar la demanda civil que los líderes independentistas registraron contra el instructor del golpe separatista, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
El recurso buscaba revocar la decisión adoptada el 27 de marzo de 2020 por el tribunal de primera instancia francófono de Bruselas, por la cual la sede judicial se declaró «no competente» para conocer la demanda civil contra Llarena, al que Puigdemont y sus exconsejeros acusaban de falta de imparcialidad, reclamando que fuera condenado a indemnizarles de forma simbólica con un euro.
Los demandantes alegaban que Llarena no había sido imparcial en las decisiones adoptadas en el marco de la instrucción del golpe, señalando en concreto unas declaraciones públicas del magistrado del Supremo en las que negó que les investigara por «delitos políticos».
En su día, la Justicia belga resolvió que las declaraciones de Llarena que sustentaban la demanda fueron realizadas en su condición de juez y, por tanto, «están amparadas por la inmunidad de jurisdicción». Tampoco estimó la petición del equipo legal de los políticos secesionistas de remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para aclarar si la inmunidad de Estado «es conforme con el orden jurídico especial y autónomo europeo».
La Corte de Casación ha confirmado la decisión del tribunal de primera instancia y condena en costas a los demandantes en la cantidad de 4.202,95 euros.
