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en una estrecha votación de siete jueces contra seis

El Tribunal Constitucional de Portugal vuelve a frenar la aprobación de la eutanasia

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Europa Press
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Europa Press

El Tribunal Constitucional de Portugal (TC) falló el lunes en contra de una nueva versión –la tercera– de la ley para legalizar la eutanasia en una estrecha votación de siete jueces contra seis.

La decisión fue anunciada este lunes después de que el presidente luso, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, solicitase su revisión a principios de enero por una cuestión de «seguridad jurídica».

El presidente del TC, João Pedro Caupers, explicó que la decisión fue tomada por «mayoría», al considerar que la ley da lugar a interpretaciones contradictorias sobre el sufrimiento exigido para poder acogerse a la eutanasia.

La norma establece tres tipos de sufrimiento -físico, psicológico y espiritual- y el TC defiende que no queda claro si se deben cumplir los tres a la vez o es suficiente con que haya uno de ellos.

Es la segunda vez que el TC se pronuncia sobre la norma después de que en febrero de 2021 el presidente solicitara la opinión del tribunal, y la tercera versión de la norma aprobada por la Asamblea lusa después de que Marcelo Rebelo de Sousa rechazara una primera intentona por falta de precisión en los conceptos empleados.

La despenalización de la eutanasia en Portugal se debatió por primera vez en 2017. Tras el anuncio, nueve entidades, entre las que se encontraban la Universidad Católica Portuguesa, Cáritas y el Instituto San Juan de Dios, firmaron un documento citando una de las frases de la Constitución: «La vida humana es inviolable».

En 2020, el Parlamento del país dio luz verde a tramitar la legalización de la eutanasia después de que se aprobaran los cinco proyectos presentados. Según marcaba el origen de los cinco textos, el solicitante tenía que ser mayor de edad, no presentar problemas mentales y estar en situación de sufrimiento «duradero e insoportable». Si el proyecto hubiese seguido adelante, el solicitante hubiera tenido que pasar por un comité de expertos antes de someterse al suicidio asistido, aunque los médicos y enfermeros podrían acogerse a la objeción de conciencia para no aplicar la eutanasia y remitir al paciente a facultativos que sí la practicasen.

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