El centro de acogida de inmigrantes ilegales situado en el antiguo aeropuerto alemán de Tegel vuelve a estar en el punto de mira. Según investigaciones, entre 2022 y 2023 se emitieron facturas del servicio de seguridad por unos 100 millones de euros sin que fueran sometidas a una verificación adecuada.
Lo más grave es que la responsabilidad del control no recaía en la Oficina Estatal para Asuntos de Refugiados (LAF), sino que se delegó a la empresa pública Messe Berlin. Esta compañía, además de supervisar, se beneficiaba directamente de los pagos, ya que cobraba un 15% de recargo sobre cada servicio facturado. Cuanto más elevadas eran las facturas, mayor era el beneficio para la empresa.
El Tribunal de Cuentas de Berlín, citado por el periódico Der Tagesspiegel, denuncia no sólo un conflicto de intereses evidente, sino también la ausencia de controles sistemáticos y la falta de comprobación de si el personal de seguridad facturado estaba realmente presente en el lugar.
Tegel es la mayor y más costosa instalación de este tipo en Alemania. Sólo en 2023, el mantenimiento del centro costó, según la Administración Social del Senado, unos 298 millones de euros. El gasto diario en seguridad alcanzó hasta 250.000 euros, incluido el recargo del 15% para Messe Berlin.
El Tribunal de Cuentas también señala posibles violaciones de la ley de contratación pública: el contrato con la empresa de seguridad no se había renovado mediante licitación durante años. La licitación no llegó hasta finales de 2023 y, aun así, el contrato fue adjudicado de nuevo al mismo proveedor.
Está previsto que a finales de este año el centro cierre en su forma actual y que en 2026 reabra como un centro de recepción «conforme a la UE», con mayor privacidad para hasta 2.600 personas.
