
Un nuevo escándalo por el reparto de dinero público sacude al Gobierno de Donald Tusk en Polonia. Una investigación de Wirtualna Polska ha revelado que 4,5 millones de eslotis —alrededor de 1,06 millones de euros— en ayudas destinadas a empresas afectadas por las graves inundaciones de 2024 fueron concedidos a tres compañías de una misma localidad, entre ellas la del marido de una política de la Coalición Cívica (KO), el partido del primer ministro.
El elemento más comprometedor es que cuatro fuentes independientes consultadas por el periódico aseguran que las tres propiedades no sufrieron los daños por inundación que justificarían las ayudas. Los datos disponibles de los bomberos, la autoridad hidráulica polaca y sistemas de observación por satélite también plantean dudas sobre si los inmuebles llegaron realmente a quedar anegados.
Las ayudas fueron gestionadas por la Agencia de Desarrollo Regional de Karkonosze (KARR), participada en un 99,99% por el Gobierno regional de Baja Silesia, controlado desde 2024 por la coalición de Tusk.
En el centro de la polémica se encuentra Anna Konieczyńska, activista de la Coalición Cívica y hasta esta semana vicepresidenta de KARR. Una de las empresas beneficiarias, Amarcord, pertenece a su marido y recibió el máximo permitido dentro de uno de los programas ministeriales: 200.000 eslotis, unos 47.000 euros.
Otra sociedad, Kadalore, perteneciente a vecinos de Konieczyńska, obtuvo alrededor de 3,2 millones de eslotis —unos 751.000 euros— mediante dos préstamos.
La tercera beneficiaria está vinculada al propietario de una televisión local que, según la investigación, mantiene relaciones con las autoridades de la zona dominadas por la Coalición Cívica. Las tres empresas están radicadas en Dziwiszów, una localidad próxima a Jelenia Góra. En total, las tres recibieron más de 4,5 millones de eslotis destinados a reparar los daños ocasionados por las inundaciones.
La investigación de Wirtualna Polska resulta especialmente incómoda porque no se limita a analizar los vínculos personales de los beneficiarios.
El medio contrastó la ubicación de los establecimientos con información del Servicio Estatal de Bomberos, datos de Wody Polskie —la autoridad responsable de la gestión del agua— e imágenes obtenidas mediante sistemas satelitales.
El resultado plantea serias dudas sobre que los inmuebles financiados hubieran sufrido las inundaciones alegadas. Una segunda investigación publicada posteriormente por el periódico profundizó en el estado de las propiedades y en la documentación utilizada para justificar las ayudas.
El caso resulta todavía más delicado porque 4,32 de los 4,5 millones de eslotis cuestionados fueron concedidos después de que Konieczyńska entrara en el consejo de administración de KARR el 1 de febrero de 2025.
No se ha demostrado, sin embargo, que ella interviniera personalmente en la concesión de los fondos. El presidente de la agencia, Hubert Papaj, ha negado específicamente que Konieczyńska participara en la decisión de otorgar el préstamo de 200.000 eslotis a la empresa de su marido.
Las consecuencias políticas han sido inmediatas. El consejo de supervisión de KARR destituyó a Konieczyńska de la vicepresidencia el 11 de agosto, apenas un día después de que se publicara la investigación. La Coalición Cívica suspendió asimismo sus derechos como militante y remitió el caso al órgano disciplinario interno de la formación.
Konieczyńska rechaza las acusaciones y sostiene que está siendo víctima de una «caza de brujas típicamente política». El caso, por tanto, se encuentra todavía bajo investigación y no existe una resolución judicial que establezca que las ayudas fueran concedidas ilegalmente.
La polémica ha crecido todavía más después de conocerse que el Buró Central Anticorrupción (CBA) llevaba realizando comprobaciones sobre KARR desde el 29 de abril, varios meses antes de que el caso saliera a la luz pública. El periodista Szymon Jadczak, autor de la investigación, ha señalado que altos responsables políticos regionales conocían desde hacía meses las dudas existentes alrededor del funcionamiento de la agencia.
«Cuatro meses después de que el CBA comenzara a examinar este asunto, no fueron los servicios quienes dijeron a la opinión pública lo que había ocurrido. Fuimos nosotros, los periodistas», denunció. La Fiscalía de Jelenia Góra abrió además diligencias preliminares de oficio el 10 de agosto para analizar las posibles irregularidades.
El escándalo ha obligado al propio Donald Tusk a reaccionar. El primer ministro prometió perseguir cualquier utilización fraudulenta del dinero destinado a las víctimas de las inundaciones.
«Quemaremos con hierro candente cada caso de reparto deshonesto del dinero destinado a los damnificados», afirmó el 11 de agosto. La declaración fue difundida también por la propia oficina del primer ministro. Tusk aseguró que este tipo de prácticas serían «obviamente inaceptables» y defendió que las instituciones del Estado deben detectar y castigar cualquier abuso.
El Gobierno polaco distribuyó aproximadamente 8.000 millones de eslotis —1.880 millones de euros— en ayudas relacionadas con las inundaciones durante 2024 y 2025, incluyendo unos 62.000 pagos rápidos a particulares y miles de decisiones sobre ayudas empresariales.
Ley y Justicia (PiS), principal fuerza conservadora de la oposición, ha pedido al CBA que determine quién examinó las solicitudes, qué documentación se utilizó para conceder el dinero y si todos los expedientes han sido debidamente protegidos.
Diputados del partido realizaron también inspecciones parlamentarias en distintos ministerios para obtener información sobre la reconstrucción de las zonas afectadas y el mecanismo utilizado para distribuir los fondos.
El episodio golpea especialmente al Ejecutivo porque las ayudas estaban destinadas a ciudadanos y empresas afectados por las devastadoras inundaciones que golpearon el suroeste de Polonia en septiembre de 2024.