«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
EL ACUERDO HA SIDO IMPULSADO POR ITALIA, REINO UNIDO Y DINAMARCA

El Gobierno de Sánchez rechaza respaldar la declaración apoyada por 41 dirigentes europeos para blindar las fronteras y combatir la inmigración ilegal

Cumbre de Dublín. Europa Press.

España ha vuelto a quedarse al margen de una iniciativa europea para combatir la inmigración ilegal. Un total de 41 dirigentes han respaldado una declaración conjunta para reforzar el control de las fronteras, combatir las mafias de tráfico de personas y acelerar las deportaciones de los extranjeros que carecen de autorización para permanecer en territorio europeo.

El documento, impulsado por Italia, Reino Unido y Dinamarca, fue aprobado el pasado jueves durante la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Dublín y difundido un día después por el Gobierno británico. España, Francia y Luxemburgo son los únicos tres Estados miembros de la Unión Europea que no figuran entre los firmantes.

Pedro Sánchez, por su parte, se ausentó de la cita para participar en el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La declaración advierte de los riesgos derivados de la instrumentalización de los flujos migratorios y reclama la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana que permitan anticipar las llegadas e identificar nuevas amenazas para la seguridad de las fronteras europeas.

Asimismo, los firmantes defienden el fortalecimiento de la cooperación con los países de origen y tránsito para impedir las salidas ilegales y garantizar la deportación efectiva de quienes no tienen derecho a permanecer en Europa, de conformidad con el derecho internacional.

El documento también contempla el desarrollo de nuevas herramientas para responder a situaciones extraordinarias, así como un mayor intercambio de información entre las autoridades nacionales para perseguir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez se queda fuera de una iniciativa de estas características. El pasado mes de mayo, España tampoco respaldó una declaración suscrita por 33 países europeos para reforzar la cooperación contra la inmigración ilegal. En junio, otros 19 Estados miembros de la UE reclamaron acelerar la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, nuevamente sin el apoyo del Ejecutivo español.

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