El Consejo de Europa ha criticado varios puntos del proyecto de ley antiterrorista en Francia, elaborado por el Gobierno con vistas a poner fin al estado de emergencia en vigor desde noviembre de 2015.
En una carta dirigida al Senado, donde este martes se inicia la tramitación de la proposición legislativa, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha denunciado que el texto autoriza a los prefectos (delegados del Gobierno), sin necesidad de un control judicial, a establecer zonas de seguridad «sin criterios precisos de actuación».
Eso podría ir -ha dicho sin reparos- en contra de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Muiznieks también ha criticado la posibilidad de clausurar centros religiosos sin necesidad de autorización judicial -así se ha hecho con 16 mezquitas y varias más están pendientes-, argumentando que «el cierre de lugares de culto a causa de los actos de ciertas personas estigmatiza y castiga a las comunidades religiosas en su totalidad».
El comisario europeo ha reconocido en su misiva que «el terrorismo es una grave amenaza para los derechos humanos y la democracia», pero ha puntualizado sin ningún tipo de tapujo que «esta lucha legítima debe realizarse sin poner en peligro el Estado de derecho y la protección de las libertades fundamentales».
El estado de emergencia se instauró en Francia inmediatamente después de la oleada de ataques islamistas en París la noche del 13 de noviembre de 2015 y se ha prolongado sucesivamente desde entonces.
El actual presidente, Emmanuel Macron, anunció que levantará ese estado de emergencia en noviembre.
Pero para hacerlo, su Ejecutivo considera necesario incorporar en la legislación ordinaria varias medidas excepcionales para prevenir atentados, como los que han acabado con la vida de 239 personas en Francia desde comienzos de 2015.
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