En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni, líder del partido patriota y conservador Hermanos de Italia, está preparando un nuevo decreto que castigará con hasta dos años de cárcel el corte de carreteras o vías férreas y prohibirá a los inmigrantes ilegales comprar una tarjeta para su móvil si no tienen un permiso.
El decreto incluye otras medidas, como la inclusión de la ocupación de viviendas, que se castigará con penas de dos a siete años de cárcel. Del mismo modo, utilizar a un menor para mendigar estará castigado con hasta cinco años de prisión.
El nuevo decreto-ley también establece medidas más duras para las ONG de rescate: las entidades que sobrevuelen el Mediterráneo para identificar barcos de inmigrantes y no comuniquen «inmediatamente y con prioridad» su actividad a las autoridades serán multadas con hasta 10.000 euros y la retención de la propia avioneta.
La oposición no ha tardado en bautizar esta medida como el decreto «Anti-Gandhi». Para la CGIL, el principal sindicato del país, este decreto es un ataque directo a la libertad de manifestación. «Lo que antes era considerado una infracción administrativa ahora pasa a ser un delito penal. Incluso protestar de manera pacífica. Por eso hemos decidido llamarla ley Anti-Gandhi», afirmó Lara Ghiglione, líder del CGIL, que espera que la Corte Constitucional impida su aprobación.
