
El Gobierno de Irlanda prepara un importante endurecimiento de los requisitos para que los extranjeros puedan obtener la nacionalidad, con medidas que incluyen ampliar el periodo de residencia, exigir conocimientos de inglés, reforzar la comprobación de antecedentes y acreditar autosuficiencia económica.
El Ejecutivo estudia elevar de los actuales cinco años hasta ocho el periodo de residencia necesario para acceder a la ciudadanía por naturalización, según ha adelantado The Times. Las propuestas todavía no han sido aprobadas definitivamente y deberán ser examinadas por el Gobierno en los próximos meses.
El secretario de Estado de Migración, Colm Brophy, ha defendido que obtener la nacionalidad debe implicar demostrar un compromiso real con Irlanda y capacidad para integrarse en la sociedad, en lugar de reducirse únicamente al cumplimiento de un número determinado de años de residencia.
Una de las reformas más significativas sería introducir una prueba de conocimiento del inglés para los aspirantes. Irlanda no exige actualmente un examen general de idioma semejante al existente en otros países europeos. El Ejecutivo considera que conocer la lengua constituye un elemento básico para acreditar la integración de quien aspira a convertirse en ciudadano.
El Gobierno también pretende establecer controles de antecedentes más exhaustivos, reforzando los actuales procedimientos de verificación de la conducta de los solicitantes. La legislación vigente ya exige que los aspirantes sean considerados personas de «buena conducta», además de demostrar su residencia legal y declarar su fidelidad a la nación y lealtad al Estado.
Otro de los pilares de la reforma será la autosuficiencia económica. Brophy sostiene que quienes soliciten la nacionalidad deberían demostrar que son capaces de mantenerse a sí mismos y a sus familias sin depender de manera habitual de las prestaciones sociales del Estado.
El Gobierno irlandés ya había respaldado anteriormente una medida para exigir que los candidatos fueran económicamente independientes y no hubieran dependido de determinadas prestaciones sociales durante los dos años anteriores a la solicitud.
El ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, aclaró entonces que el objetivo no consiste en excluir automáticamente a cualquiera que haya cobrado alguna ayuda, sino en exigir que quien pretende convertirse en ciudadano haya demostrado una contribución efectiva al país. «Creo que es razonable esperar que una persona que busca convertirse en ciudadano haya contribuido al país», señaló O’Callaghan.
Actualmente, un extranjero adulto puede solicitar la ciudadanía irlandesa después de acreditar cinco años de residencia computable, incluyendo un año continuado inmediatamente anterior a la solicitud y otros cuatro dentro de los ocho años precedentes.
La reforma estudiada elevaría este umbral hasta ocho años, acercando Irlanda a modelos europeos que han endurecido recientemente las condiciones de acceso a la ciudadanía.
El Gobierno argumenta que la nacionalidad constituye un vínculo permanente con el Estado y que, por tanto, debe estar acompañada de mayores garantías de integración, conocimiento del país y estabilidad económica.
Brophy ha defendido que las nuevas condiciones no deben verse simplemente como barreras, sino como instrumentos destinados a conseguir que quienes obtengan el pasaporte irlandés estén más integrados y comprometidos con la sociedad de acogida.
La reforma se plantea después de un fuerte crecimiento de las solicitudes y concesiones de ciudadanía. El Departamento de Justicia resolvió alrededor de 31.000 expedientes de nacionalidad tanto en 2024 como en 2025, mientras los procedimientos se han acelerado gracias a la digitalización de las solicitudes, los pagos por internet y los sistemas electrónicos de comprobación de antecedentes.
El tiempo medio de tramitación ha descendido desde aproximadamente 24 meses en 2021 hasta unos ocho meses, según datos aportados por Brophy.
Irlanda se suma así al creciente debate europeo sobre qué debe exigirse a un extranjero antes de concederle la ciudadanía, con una propuesta que vincula expresamente la naturalización al idioma, la integración, la ausencia de antecedentes problemáticos y la independencia económica.
Si las medidas salen adelante, el pasaporte irlandés dejará de estar al alcance mediante el actual requisito de cinco años de residencia y pasará a exigir un periodo más prolongado de permanencia en el país y mayores pruebas de integración efectiva.