Suecia endurecerá las normas para obtener la ciudadanía con un paquete de requisitos más exigentes que alargan los plazos, elevan las condiciones económicas y refuerzan los criterios de integración. El Ejecutivo considera que el nuevo marco, que entrará en vigor el 6 de junio, conecta con una demanda social creciente de mayor control migratorio de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre.

Entre los cambios clave figura la ampliación del tiempo mínimo de residencia: quienes aspiren al pasaporte sueco deberán acreditar ocho años viviendo en el país, frente a los cinco actuales. A ello se sumará un listón económico, con la obligación de percibir un salario mensual superior a las 20.000 coronas suecas, además de superar pruebas de idioma y conocimientos básicos sobre la sociedad y las instituciones del país.

El ministro de Migración, Johan Forssell, defendió el giro argumentando que el sistema vigente apenas exigía condiciones reales para acceder a la ciudadanía. En su opinión, resulta razonable pedir a los solicitantes nociones elementales del país, como la forma de Estado o el funcionamiento de sus instituciones.

El endurecimiento no se limita a los criterios de integración. El historial penal también pesará más: cualquier antecedente, ya sea cometido dentro o fuera de Suecia, implicará periodos de espera adicionales antes de poder iniciar el trámite. Como ejemplo, una persona condenada a cuatro años de prisión deberá aguardar hasta 15 años para presentar su solicitud.

Este viraje se inscribe en una trayectoria más amplia de restricciones que comenzó tras la crisis migratoria de 2015, cuando alrededor de 160.000 solicitantes de asilo llegaron al país. Desde entonces, distintos gobiernos han ido ajustando la política migratoria, aunque el actual Ejecutivo apuesta por un enfoque aún más severo.

El respaldo parlamentario del que dispone procede, en buena medida, de los Demócratas Suecos, formación contraria a la inmigración que sostiene al gobierno minoritario. Este partido atribuye el aumento de la criminalidad organizada a décadas de políticas migratorias que considera erróneas.

En paralelo, el Ejecutivo ya ha anunciado nuevas medidas para restringir el acceso al asilo, reforzando una estrategia que busca limitar las entradas y elevar las exigencias de integración. Con este conjunto de reformas, Suecia pretende redefinir el acceso a la ciudadanía y enviar una señal clara sobre el rumbo de su política migratoria.