El Parlamento de Grecia aprobó este martes por la noche una nueva legislación migratoria destinada a acelerar la deportación de solicitantes de asilo rechazados y facilitar su traslado a centros de retorno ubicados fuera de la Unión Europea.
La medida supone un nuevo endurecimiento de la política migratoria helena en un momento en que varios países europeos buscan fórmulas para reducir la presión sobre sus sistemas de asilo y agilizar la expulsión de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario.
Según la nueva normativa, los inmigrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada podrán ser enviados de forma más rápida a un centro de retorno situado en un tercer país no perteneciente a la Unión Europea. La fórmula se enmarca en el debate europeo sobre la externalización de la gestión migratoria, una vía que cada vez más gobiernos consideran necesaria ante el fracaso del actual sistema de acogida y expulsión.
Los diputados griegos han seguido de cerca las iniciativas impulsadas en países como Austria, Dinamarca, Alemania y Países Bajos, que han defendido acuerdos con terceros Estados para compartir la carga de los retornos y del tránsito migratorio.
Entre los posibles socios figura Uganda, con quien las conversaciones bilaterales se encuentran actualmente en pausa, pero cuya mención refleja la búsqueda de acuerdos fuera del territorio europeo para gestionar a los inmigrantes rechazados.
Grecia ha sido durante años uno de los principales puntos de entrada de la inmigración ilegal en Europa. Su posición geográfica la convirtió en puerta de acceso durante la crisis migratoria de 2015 y 2016, cuando más de un millón de personas procedentes de Oriente Próximo y África cruzaron hacia el continente europeo.
Desde entonces, el país ha seguido soportando una fuerte presión en sus fronteras marítimas y terrestres. En los últimos años, islas como Creta y Gavdos han registrado un incremento de llegadas en embarcaciones procedentes de la costa libia, lo que ha reactivado la preocupación por nuevas rutas migratorias en el Mediterráneo.
La aprobación de la ley confirma un cambio de clima político en Europa. Cada vez más gobiernos admiten que el modelo actual —largos procedimientos, escasas expulsiones efectivas y reparto permanente de solicitantes de asilo— resulta incapaz de frenar la presión migratoria.
Los centros de retorno fuera de la UE aparecen así como una alternativa para impedir que quienes no obtienen protección internacional permanezcan indefinidamente en territorio europeo. Sus defensores sostienen que el sistema sólo será creíble si las decisiones negativas de asilo se ejecutan de forma rápida y efectiva.
La nueva legislación griega llega además en un contexto de creciente tensión entre los Estados miembros y Bruselas. Mientras la Comisión Europea insiste en mecanismos de solidaridad y reparto, varios países reclaman recuperar capacidad de control nacional sobre sus fronteras y sobre la permanencia de inmigrantes rechazados.
Grecia, que vivió en primera línea el colapso migratorio de 2015, se suma ahora al bloque de países que apuestan por una política más dura: menos acogida automática, más retornos y acuerdos con terceros Estados para sacar del territorio europeo a quienes no cumplen los requisitos de asilo.
